Ayer Polonia fue objeto de escrutinio en las Naciones Unidas. Durante una audiencia de tres horas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, países de todo el mundo revisaron su historial de derechos, el Estado de derecho y la democracia. Hasta ahora, pocos gobiernos de la UE han hablado abiertamente del deterioro de la situación en Polonia.

Pero ayer, Alemania, Francia, España, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Austria, Bélgica y la República Checa hicieron un llamamiento a Polonia para que revierta las reformas que han perjudicado la legitimidad y eficacia de su Tribunal Constitucional y que amenazan la independencia de todo el sistema de justicia. Varios de estos gobiernos instaron expresamente al gobierno polaco a que aplique las recomendaciones de la Comisión Europea y pidieron que se protejan los medios de comunicación y las ONG.

La independencia judicial amenazada

La situación de los derechos humanos en Polonia no ha cesado de deteriorarse desde 2015, cuando comenzó la "crisis constitucional". El gobierno polaco ha introducido varias reformas cuyo objetivo es paralizar el máximo tribunal del país, el Tribunal Constitucional, para evitar que ponga en cuestión su polémico programa de leyes y políticas. Pero el gobierno polaco no ha terminado sus cambios en el poder judicial, mientras los gobiernos le pedían en Ginebra que rectificara las recientes reformas nocivas, trabajaba en otro proyecto de ley que le otorgará más poder para nombrar a los miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial. Quizá no resulte sorprendente que este organismo, cuya responsabilidad es proteger la independencia del sistema de justicia, haya sido muy crítico con las reformas al Tribunal Constitucional.

Otras cuestiones preocupantes son la toma de posesión de los medios de comunicación públicos por parte del Estado o las propuestas que frenan el derecho a la protesta pacífica. Actualmente, el gobierno está considerando reformar también la distribución de los fondos públicos a organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que probablemente disuadirá a algunas de ellas a ser críticas con las políticas gubernamentales.

Consejo de Asuntos Generales

El gobierno polaco ha sido intransigente frente a las críticas internacionales. La Comisión Europea, tras un año de investigación concluyó que las reformas recientes constituían una "amenaza sistémica" para el Estado de derecho. Sin embargo, sus recomendaciones han sido básicamente ignoradas. La Comisión ha afirmado que no activará el mecanismo del artículo 7, porque no existe suficiente apoyo de los gobiernos de la UE en el Consejo para dar seguimiento a las sanciones. Pero en un último intento de crear una presión política significativa de la UE, la Comisión logró colocar a Polonia en la agenda del Consejo de Asuntos Generales la semana del 16 de mayo.

Es la primera vez que el historial de derechos humanos de uno de los miembros de la UE se incluye en la agenda del Consejo. Los gobiernos de la UE mantienen un silencio mutuo para protegerse unos a otros y nunca han hablado de los derechos, del Estado de derecho y de la democracia de ninguno de sus miembros en un entorno formal de Bruselas.

¿Por qué? Porque algunos gobiernos temen que las discusiones a nivel de la UE tengan implicaciones políticas mucho más profundas que en otras organizaciones internacionales como el Consejo de Europa o la ONU, pues lo que ocurre en Bruselas recibe más atención de los medios de comunicación nacionales que lo que se da en Ginebra o Estrasburgo. Y ser calificado abiertamente por tus pares de país que viola los derechos, puede implicar que gobiernos que de otro modo podrían ser aliados, estén menos dispuestos a apoyarte en negociaciones de la UE sobre otras cuestiones como el comercio y la política económica, que tienen grandes consecuencias económicas.

Fin de la línea

Como tal, la reunión del Consejo del 16 de mayo corre el riesgo de ser un simple relato, por parte de la Comisión Europea, de los resultados de su investigación en Polonia y que no haya mayor discusión después. Dado que la Comisión ha agotado los mecanismos jurídicos disponibles, podría ser el final de la línea de presión que puede ejercer la UE sobre el gobierno polaco.

Debido a que el Consejo de la UE ejerce una presión política mucho mayor que la ONU u otros organismos internacionales, algunos gobiernos de la UE quieren que sea un espacio donde no se discutan los derechos. Pero también justamente por eso es preciso que los gobiernos de la UE empiecen a romper el silencio y vuelvan a repetir las preocupaciones que señalaron en Ginebra, en Bruselas. La UE está "fundada" en los valores de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Ningún país puede unirse a menos que esté dispuesto a implementar estas normas. La presión política de los gobiernos en el Consejo es uno de los únicas formas que le quedan a la UE para proteger los valores por los que se creó.

Artículo escrito por Israel Butler, Civil Liberties Union for Europe & Małgorzata Szuleka, Helsinki Foundation for Human Rights.