¿Te has preguntado alguna vez por qué los refugiados no viajan a Europa en aviones rápidos y cómodos en lugar de por mar en pequeños botes de goma? Al fin y al cabo, los aviones son mucho más seguros. El coste no puede ser la razón. Los refugiados pagan a menudo miles de euros por una plaza en uno de estos botes a los traficantes, mientras que viajar en avión de Turquía a Alemania cuesta menos de 50 euros. ¿Quizás no pudieron salir del país y llegar al aeropuerto? Tampoco puede ser. En 2015, la mayoría de los refugiados sirios viajaron a Turquía para tomar un barco, pero podrían fácilmente haber ido al aeropuerto Atatürk de Estambul. Entonces, ¿qué es exactamente lo que marca esta elección? ¿Por qué arriesgar tu vida en un pequeño y abarrotado bote de goma en lugar de subir a un avión bien equipado? La respuesta es simple y compleja.

La respuesta simple

La respuesta simple es que no existe la opción. No es que puedan elegir entre dos opciones de viaje: una que es barata, segura y cómoda, la otra larga, costosa y peligrosa, y elijan la segunda, solo por lanzarse a la aventura. No, la realidad es que si hubieran ido al aeropuerto, el personal de la aerolínea en el mostrador de facturación los habría detenido. ¿Por qué? Bueno, esa es la respuesta compleja.

La respuesta compleja

Se trata de una directiva de la UE, la Directiva 2001/51/CE sobre sanciones a los transportistas, que impone sanciones a los transportistas -como las compañías aéreas- si transportan pasajeros que no estén en posesión de documentos de viaje válidos. Las sanciones oscilan entre 3.000 y 500.000 euros por pasajero, dependiendo del país. Los transportistas además también tienen que cubrir los gastos del viaje de regreso del pasajero. Parece una medida razonable para combatir la inmigración irregular. Sin embargo, tiene un defecto.

El considerando 3 de la Directiva establece que los signatarios deben aplicar la Directiva "sin perjuicio de los compromisos que resultan de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951", que incluye la prohibición de la devolución. Es decir, la directiva no debería impedir que los refugiados soliciten asilo. Pero lo hace. Los refugiados que huyen de zonas de conflicto a menudo no pueden obtener pasaportes, y mucho menos visados, en parte porque la mayoría de las embajadas en países asolados por la guerra han cerrado. Para los refugiados sirios en 2015, obtener un visado en Turquía era casi imposible debido a la falta de recursos de las embajadas para tramitar el volumen de solicitudes.

La directiva deja que el personal de las compañías aéreas decida quién es un posible solicitante de asilo. Imagínate. El personal de la aerolínea, sin ningún tipo de experiencia en la cuestión, tiene 45 segundos para decidir si una persona es o no una refugiada, mientras que las embajadas pueden tardar meses. A los transportistas se les amenaza con multas si permiten la entrada a un migrante indocumentado, sin embargo no se les sanciona por negar la entrada a un solicitante de asilo. Por lo tanto, niegan el permiso para abordar a todas las personas que no tienen documentos válidos. No tienen nada que ganar, pero sí mucho que perder.

Para ayudar al personal de las compañías aéreas a decidir quién puede solicitar asilo, los Estados miembros de la UE han enviado a expertos en documentos o a los denominados funcionarios de enlace de inmigración (ILO) a los grandes aeropuertos. Según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), estos pueden "ayudar a las compañías aéreas a determinar si pasajeros individuales que no traen la documentación adecuada son, no obstante, bona fide y pueden ser transportados sin implicarle a los transportistas gastos económicos en virtud de la legislación". Sin embargo, el poder de estos funcionarios de enlace de inmigración es limitado, pueden asesorar al personal de las compañías aéreas, pero la decisión final la toman ellas. Y es poco probable que una compañía se arriesgue a transportar a un pasajero mal documentado

Externalizar el control de fronteras

La práctica de delegar el control de fronteras a las compañías aéreas incumple la responsabilidad de la UE de proteger a los refugiados. Las sanciones a los transportistas son un ejemplo destacado de la privatización de la gestión de la migración. Al imponer sanciones a los transportistas, Europa Fortaleza emplea una política de control remoto para bloquear el acceso a su territorio. Las sanciones dificultan enormemente a los refugiados acceder a un viaje seguro a Europa, por lo que tienen que recurrir a los traficantes, que se convierten en los principales beneficiarios de estas políticas: tan solo en 2015, ganaron más de cinco mil millones de dólares transportando migrantes a Europa.

Esto no solo tiene efectos perjudiciales para quienes buscan protección, además, debido al número sin precedentes de llegadas irregulares a la UE en 2015, la eficacia de la directiva se ve seriamente cuestionada. El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) señala: "Las sanciones a los transportistas pueden haber logrado impedir que migrantes, solicitantes de asilo y refugiados accedan a medios de transporte regulares, pero aparentemente no han contribuido a una reducción sustancial del volumen total de la migración irregular hacia la UE y, por lo tanto, a la utilización de medios irregulares para cruzar las fronteras".

Vías seguras y legales

En lugar de debatir cómo desmantelar las redes de tráfico de personas, la UE debería centrarse en la creación de vías seguras y legales para los refugiados. Levantaro, al menos, suspender los requisitos de visado y las sanciones a los transportistas garantizaría una llegada segura y legal y, al mismo tiempo, perjudicaría considerablemente el negocio de los traficantes. La expedición de más visados humanitarios en las embajadas europeas fuera de la UE reduciría aún más el número de víctimas mortales.

Las sanciones a transportistas, las políticas restrictivas de visados y otras medidas para reducir las llegadas obligan a los refugiados a recurrir a los canales de migración irregulares, dejándoles en una situación de vulnerabilidad frente a las violaciones de los derechos humanos e, irónicamente, obligándoles a arriesgar su vida para llegar a un puerto seguro. Los Estados miembros de la UE tienen una responsabilidad mucho mayor que las compañías aéreas en la protección de los refugiados. Deberían actuar en consecuencia.