La Comisión Europea revelará proximamente su propuesta de medidas contra los pleitos abusivos SLAPP en toda la UE. En un nuevo documento de políticas publicado hoy, Liberties y otras organizaciones de derechos humanos y a favor de la libertad de prensa que forman la Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE) explican qué son los SLAPPs, la magnitud de la amenaza que suponen para las entidades de defensa de los derechos humanos en Europa, y proponen soluciones a los gobiernos y la UE para atajar el problema.
Censura por litigio
Se supone que la ciudadanía está al mando de sus democracias. Las entidades de supervisión de los derechos humanos, como periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones activistas, son fundamentales para que la ciudadanía esté informada, forme su porpia opinión y vigile a las personas en el poder para asegurarse de que obran en beneficio de todas las personas.
Como explicamos aquí, los SLAPP (acrónimo que significa "litigio estratégico contra la participación pública"), son una forma de abuso del derecho y la justicia que emplean cada vez más los políticos corruptos y empresas poderosas de toda Europa para acosar, arruinar e intimidar a periodistas, activistas y otras entidades de supervisión y lograr que guarden silencio. Con la ayuda de bufetes jurídicos caros y sin escrúpulos, presentan denuncias con reclamaciones infundadas y abusivas con el fin de acabar con todo tipo de participación pública, ya sea el periodismo de interés público, protestas pacíficas o boicots, la defensa de distintos derechos, la denuncia de irregularidades o simplemente la denuncia de los abusos de poder.
El objetivo de estas acciones jurídicas abusivas no es hacer valer un derecho, sino agotar los recursos, perjudicar la reputación y destruir la vida personal de aquellas personas a quienes van dirigidas. Como indicó Matthew Caruana Galizia, hijo de la periodista maltesa asesinada Daphne Caruana Galizia, a Liberties, los SLAPP pueden hacerte la vida "absolutamente imposible". Cuando Daphne fue asesinada tenía 47 juicios por difamación pendientes contra ella, muchos de las cuales se han prolongado incluso después de su muerte contra su familia.
El impacto perjudicial de los SLAPP no se limita a los derechos individuales de aquellas personas a las que van dirigidos. Los SLAPP debilitan la democracia y el Estado de derecho pues obstaculizan el ejercicio de derechos básicos como la libertad de expresión, de protesta y de asociación, y pervierten el sistema judicial. Al distorsionar las leyes e impedir que las entidades de supervisión pública hagan su labor, los SLAPP obstaculizan el cumplimiento de la ley, incluidas las normas de la UE. Esto supone una amenaza para la sociedad en su conjunto, pues, para evitar ser objeto de estas acciones, otras personas se abstendrán de investigar y denunciar irregularidades y hablar públicamente sobre asuntos de interés público. Como resultado, los SLAPP tienen un efecto paralizante en el debate democrático.
Aumentan los SLAPP en toda la UE
Como en todo del mundo, el uso de pleitos SLAPP para intimidar y silenciar a las entidades de supervisión de derechos está aumentando en la UE.
La falta de concienciación sobre la cuestión ha impedido un seguimiento regular y exhaustivo de
los mismos y de sus efectos en toda la Unión. No obstante, en los últimos
años distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Liberties,
han sacado a la luz un número creciente de juicios SLAPP o amenazas
de los mismos. Para llenar el vacío informativo, entre 2019 y
2021, CASE recopiló información de sus miembros y de otras organizaciones de la
sociedad civil sobre posibles juicios SLAPP presentados entre 2010 y 2021.
Aunque está a punto de publicarse un informe completo, las conclusiones principales de este trabajo de mapeo, dirigido por la
Fundación Daphne Caruana Galizia, se presentan en el documento de políticas publicado hoy.
Resultados preliminares principales
- 539 casos SLAPP verificados en toda Europa, con Malta, Eslovenia, Croacia e Irlanda a la cabeza de la lista. Más de uno de cada diez casos registrados es transfronterizo.
- El mapeo muestra un fuerte aumento de casos en los últimos cuatro años, en especial en Croacia, Italia y Polonia.
- Los datos indican que los juicios SLAPP usan sobre todo las leyes contra la difamación, pero también indican que otras leyes son vulnerables al abuso, incluida la de protección de datos de la UE y las normas de propiedad intelectual.
- Más de la mitad de los casos registrados se dirigen a periodistas y medios de comunicación, seguidos de activistas y ONG, y organismos de supervisión que investigan la delincuencia, el medio ambiente y la corrupción.
- Los denunciantes más comunes son empresas y empresarios (más de uno de cada tres casos), seguidos por políticos o las personas que ocupan algún cargo público (casi uno de cada cuatro casos.
El análisis de CASE que acabamos de exponer representa, hasta la fecha, el trabajo más exhaustivo para mapear los SLAPP en toda Europa. Sin embargo, es importante señalar que esta labor está intrínsecamente limitada por el efecto disuasorio que generan estos litigios, ya que muchas víctimas de los mismos prefieren no llamar la atención sobre su denuncia por miedo a más represalias o perjucios a su reputación. Además, los SLAPP que acaban en los tribunales no reflejan otros patrones más amplios e insidiosos de intimidación judicial, como el uso de amenazas judiciales agresivas. Por ende, estos datos tremendamente preocupantes, únicamente representan la "punta del iceberg".
Hacen falta respuestas ambiciosas y la UE tiene un papel clave
Los gobiernos tienen la obligación de proteger y respetar los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en virtud de sus constituciones nacionales, así como de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos (incluidos los tratados de la UE), por ende también deben proteger a las entidades de supervisión de los DD.HH. frente a los SLAPP. Sin embargo, ningún país de la UE cuenta con una legislación adecuada para detener este abuso. Dada la magnitud y la naturaleza del problema, la UE tiene la responsabilidad de actuar y está en una posición clave para garantizar que los gobiernos de toda la Unión adopten medidas concretas para prevenir y contrarrestar los SLAPP.
En nuestro documento de políticas, pedimos una actuación ambiciosa tanto a nivel nacional como de la UE, que proporcione una protección eficaz contra la amplia gama de tácticas utilizadas por quienes emplean juicios SLAPP, entre otras:
● Salvaguardias procesales y de otro
tipo integradas en los sistemas procesales nacionales que proporcionen herramientas a las personas denunciadas para detener esos pleitos
y evitar que se prolonguen durante años, así como medidas para
apoyarles cuando se enfrenten a esa amenaza. Las salvaguardias deben
aplicarse a casos tanto nacionales como transfronterizos que vayan en contra de cualquier forma de
participación pública (desde protestas pacíficas, activismo, la denuncia de irregularidades o el periodismo).
● Una directiva anti-SLAPP de la UE que establezca unas salvaguardias mínimas, cuyo alcance debería ser lo más amplio posible. En caso de que el legislador de la UE llegue a la conclusión de que su intervención legislativa únicamente puede limitarse a casos SLAPP con implicaciones transfronterizas, la propuesta de directiva anti-SLAPP debería fundamentarse en una interpretación amplia de la noción de "implicación transfronteriza".
● Otras medidas para prevenir juicios SLAPP y apoyar a las víctimas, que se fomenten y supervisen mediante una recomendación de la UE:
○ medidas para adecuar las leyes que penalizan la expresión, como la difamación, la calumnia y la injuria, a las normas internacionales de derechos humanos
○ reflexiones sobre cómo abordar el problema mediante la ética jurídica y las normas profesionales
○ iniciativas y formaciones de sensibilización
○ apoyo a los agentes que pueden prestar asistencia a las víctimas de los juicios SLAPP
Liberties ha estado trabajando con la coalición CASE para concienciar sobre los pleitos SLAPP y para apoyar y defender medidas integrales de protección contra esta amenaza en Europa. Tras el anuncio de la Comisión Europea de su intención de adoptar una iniciativa anti-SLAPP, Liberties y sus socios de CASE, han estado abogando, entre otras propuestas, por la adopción de una ley modelo contra los SLAPP, que la población pueda apoyar firmando una petición en línea. Nuestras distintas iniciativas y peticiones fueron apoyadas recientemente por una resolución del Parlamento Europeo.
El documento de políticas publicado hoy, enviado asimismo a la Comisión Europea en respuesta a su consulta pública, es un paso más de Liberties y sus socios de CASE para seguir aportartando y contribuyendo con la iniciativa de la Comisión que tendrá lugar en los próximos meses.
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