Desde finales de diciembre de 2017 hasta mediados de marzo de 2018, la organización miembro de Liberties, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR por sus siglas en inglés) llevó a cabo 20 entrevistas con presidentes y vicepresidentes de tribunales destituidos por el Ministro de Justicia de conformidad con la enmienda de julio de 2017 a la Ley de tribunales.

Según las conclusiones del informe, el proceso de destitución no se ha basado en una evaluación integral de la situación en los tribunales, se han nombrado muchos nuevos presidentes por razones distintas al mérito, y es poco probable que los cambios contribuyan a mejorar la eficacia del sistema judicial.

Destitución de los presidentes y vicepresidentes de los tribunales

Casi todos los entrevistados (19) se imaginaban que iban a ser relevados de sus funciones. En cuatro casos, los juristas entrevistados sabían de la probabilidad de sus despidos no solo por la adopción de las reglas enmendadas, sino también por las "señales" que habían recibido de sus pares en el tribunal.

"Antes de la destitución, uno de nuestros entrevistados recibió cinco llamadas telefónicas de otros jueces que conocía, que le contaron que habían sido contactados por personas que decían tener conexiones con el Ministerio de Justicia con la propuesta de asumir el cargo del juez que pronto sería destituido. Los cinco se negaron", afirma Małgorzata Szuleka, una de las autoras del informe.

Los entrevistados fueron despedidos mediante sentencias escritas enviadas por fax. En todos los casos, la destitución tenía una fecha anticipada, lo que causó incertidumbre en cuanto a la validez de las sentencias de destitución de los presidentes adoptadas en el período comprendido entre la fecha de destitución original y la fecha en que se dictaron las sentencias de destitución, que normalmente era de un día.

En la mayoría de los casos, la destitución iba acompañada del nombramiento de un nuevo presidente del tribunal. Según los juristas entrevistados, no hubo consultas con los jueces para buscar candidatos para los puestos, que a su vez fueron seleccionados fundamentalmente, entre otras cosas, por sus conexiones sociales y criterios no profesionales.

"Dada la dinámica de los cambios y las publicaciones pertinentes publicadas en el sitio web del Ministerio de Justicia, es probable que los presidentes de los tribunales no fueran reemplazados hasta que se encontrara un sustituto", señala Szuleka.

Leyes enmendadas versus eficiencia procesal

Al contrario de lo que dicen las declaraciones oficiales, ninguno de los cambios introducidos por la enmienda a la Ley de tribunales aborda realmente los problemas fundamentales a los que se enfrenta el sistema judicial.

"El Ministerio justificó los cambios alegando que eran necesarios para acelerar la tramitación de los casos pendientes en los tribunales", señala la Dra. Barbara Grabowska-Moroz, co autora del informe. "Sin embargo, cambiar el presidente de un tribunal no agilizará los procedimientos, lo que sí los agilizaría, por ejemplo, serían cubrir las vacantes en el poder judicial. Desde finales de 2016, el número de vacantes ha ido en aumento, pero el Ministerio se niega a abrir oposiciones".

Como concluyen las autoras del informe, dado que los cambios introducidos no tienen ninguna relación con los problemas cruciales que afectan al sistema de justicia, puede afirmarse que la enmienda de la Ley de tribunales no ha sido precedida de un análisis suficientemente preciso de la situación del sistema de justicia.

Efectos de la enmienda a la Ley de tribunales

Las conclusiones del informe demuestran que la enmienda a la Ley de tribunales no agilizará los procedimientos judiciales. La gran mayoría de los entrevistados señaló que los nuevos presidentes habían prometido seguir el modelo de gestión empleado por sus predecesores.

La enmienda también puede disminuir la protección de la independencia de los tribunales y jueces. "No hay politización de los tribunales, pero se puede argumentar que la enmienda crea un mecanismo que permite que los políticos alteren el funcionamiento del sistema judicial", advierte la Dra. Grabowska-Moroz.

El informe de HFHR incluye recomendaciones para organismos como la Comisión Europea. Señalan que el total desmantelamiento por parte del gobierno de las "reformas" del sistema judicial en 2017 debería considerarse una condición sine-qua-non para el cumplimiento de las recomendaciones presentadas por la Comisión Europea en el marco del Estado de derecho.

HFHR seguirá monitoreando los efectos de los cambios en el sistema de justicia. "En otoño, llevaremos a cabo un estudio de seguimiento, que incluirá, entre otras cosas, entrevistas con los presidentes de las divisiones judiciales destituidos, así como un análisis del sistema de asignación aleatoria de casos", señala el vicepresidente de HFHR, Maciej Nowicki.

El informe está disponible aquí.