El informe del Defensor del Pueblo de 2018 reveló la necesidad de proteger los derechos de las personas detenidas o privadas de libertad, especialmente de quienes han perdido temporal y arbitrariamente su derecho a circular libremente. Durante el año 2018, el Defensor del Pueblo visitó cientos de centros de detención, desde cárceles para adultos, centros de detención de menores, celdas de detención policial, pabellones de seguridad psiquiátricos, centros residenciales para personas que necesitan atención, centros de detención para migrantes, hotspots e incluso un barco.

El Defensor del Pueblo, Mauro Palma, también supervisó 34 vuelos de deportación forzada, en concreto a Túnez, Nigeria y Egipto. Según los datos proporcionados por el Defensor del pueblo, un total de 6.398 personas han sido deportadas. Este tipo de deportaciones, sin embargo, pueden suponer la violación del principio de no devolución, que prohíbe la deportación de personas a países en los que puedan correr el riesgo de sufrir tratos inhumanos o degradantes, o tortura.

Muchas cuestiones relacionadas con la detención de jóvenes migrantes

Durante la presentación del informe, el Defensor del pueblo subrayó que "no es posible interpretar de forma positiva la reducción de la presión migratoria en nuestro país sin tener en cuenta las muertes en el mar. Y seguimos haciendo la vista gorda ante las condiciones que sufren los migrantes en sus países de origen".

El informe también presta especial atención a los menores extranjeros no acompañados. Aunque el número de menores no acompañados que llegan a Italia disminuyó drásticamente en 2018, en consonancia con la reducción general de las llegadas de migrantes, llegaron 3.536 niños migrantes a Italia.

En este contexto, hay dos cuestiones problemáticas, la primera, la dificultad de verificar la edad de los menores y la segunda, la forma de establecer su fecha de nacimiento, que, si no se puede verificar qué día y mes es, siempre se fija el 1 de enero del año en cuestión.

Además, a menudo, los menores detenidos en hotspots, se encuentran en una situación de considerable abandono, sin protección alguna, especialmente cuando, como en el caso del buque Diciotti, permanecen detenidos durante un tiempo prolongado a bordo de barcos a los que no se les deniega la entrada en puerto.

Privación de libertad y migración

Otra cuestión que se aborda en el informe es la relación entre la privación de libertad y los procesos migratorios. Se analiza el objetivo de estas medidas y su eficacia. En 2018 se produjeron muchos casos de barcos de rescate a los que se es denegó desembarcar en un puerto, lo que privó a muchos migrantes de su libertad por defecto. Esto no solo sucedió con buque Diciotti, también con Sea-Watch3, y de nuevo con Mare Jonio.

Según Mauro Palma, "debemos preguntarnos sobre qué fundamento ético-político se basa esta restricción y si la ampliación del plazo de detención de inmigrantes es de verdad un mensaje desincentivador para los demás. Tal configuración sería grave, pues la libertad de una persona nunca puede convertirse en un símbolo y un mensaje de voluntad política".

El hacinamiento en las cárceles

El informe también plantea el problema del hacinamiento en las cárceles italianas, la falta de acceso a medidas alternativas a la detención y el aumento de la tasa de suicidio entre los presos.

En Italia hay más de 60.000 presos y solo 46.904 plazas disponibles. Las instalacioines penitenciarias tampoco suelen ser adecuadas o totalmente accesibles.

El número de suicidios en prisión es preocupante: en 2018 fueron 64, entre ellos, un hombre de 18 años.

El Defensor del pueblo recalcó que el aumento del número de presos no se debe al aumento del número de personas encarceladas, sino más bien a la disminución del número de personas liberadas.