El Senado italiano votó el 15 de marzo un proyecto de ley presentado por el ministro de Justicia, Andrea Orlando, que reformará el sistema de justicia penal, e incluye una modificación del Código de Procedimiento Penal

Entre las muchas disposiciones de privacidad que contiene la ley, conocida como DDL Orlando, hay una que permite que el gobierno regule, a través de un decreto legislativo, el uso de malware para realizar vigilancia informática en una investigación penal.

Una característica importante del proyecto de ley que actualmente está siendo considerado por la Cámara de Diputados, es la inclusión de una guía sobre lo que puede implicar un decreto de este tipo, pues la utilización del espionaje informático por parte de los agentes de la ley italianos está muy documentado. Según un informe, se ha convertido en su "método de investigación preferido".

En marzo de 2017, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la práctica de la vigilancia informática en Italia e instó al gobierno a que revise su régimen legal y garantice que cualquier hackeo de dispositivos digitales cumpla con las obligaciones de Italia bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente el Artículo 17 sobre el derecho a la intimidad.

El hacking como parte de la vigilancia del Estado

"El hacking es una de las técnicas de vigilancia más intrusivas que existen, y debemos ser muy cautelosos a la hora de permitir que los gobiernos puedan acceder de forma remota y secreta a nuestros teléfonos, ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Es importante señalar que hasta ahora el gobierno italiano no ha demostrado de forma convincente cómo cumple su ley de vigilancia informática con la normativa internacional de derechos humanos", apuntó Privacy International.

En primer lugar, el hacking puede llegar a ser mucho más intrusivo que cualquier otra técnica de vigilancia existente (ncluidas las escuchas de telefónicas). En segundo lugar, e igualmente preocupante, el hacking puede afectar la integridad no solo del sistema objetivo, sino de todos los dispositivos y redes en conjunto.

Por estas razones, el hacking para la vigilancia parece, a primera vista, incompatible con la legislación internacional de los derechos humanos.

Una práctica común en Italia

A pesar de estas preocupaciones generales, que la legislación pública regule la vigilancia informática es un primer paso necesario, aunque solo sea porque Italia lleva tiempo utilizando ya este tipo de vigilancia sin una autorización legal explícita, lo que les ha valido las críticas del Comité de Derechos Humanos.

Mientras que el DDL Orlando es una oportunidad para abordar la brecha legislativa actual sobre el uso del hacking para fines de investigación, Privacy International y la Coalición Italiana por las Libertades Civiles y los Derechos (CILD) creen que no cumple con los requisitos de la legislación internacional de derechos humanos.

En concreto, la propuesta, tal como está redactada actualmente, carece de un lenguaje claro y específico y no cumple los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, no establece procedimientos suficientes, minimiza lo que conlleva el hacking, y no establece una supervisión eficaz o garantías contra el abuso

"Debemos ser muy cautelosos a la hora de legislar sobre las nuevas tecnologías. Sin las garantías adecuadas, las nuevas normas introducidas por el proyecto de ley tendrán un impacto peligroso sobre la libertad y la privacidad de todos, y ni siquiera proporcionarán una mayor capacidad investigativa cuando se trate de delitos graves", afirma Privacy International.

Por lo tanto, instamos a la Cámara de Representantes italiana a que modifique las disposiciones sobre hacking contenidas en el DDL Orlando para que se ajusten a la legislación internacional de derechos humanos.

El análisis jurídico completo de Privacy International sobre las disposiciones de hacking en el DDL Orlando y sus deficiencias está disponible aquí.