Restricción del derecho a la información
El proyecto de ley introduce una nueva posibilidad para restringir el derecho a la información: un organismo público puede negarse a revelar información si la solicitud se ha presentado de forma "persistente" y si la aceptación de la misma podría "entorpecer significativamente la actividad de una entidad obligada a divulgar información".
Información pública: paga primero, accede después
El proyecto de ley ofrece la posibilidad de acceder a información pública tras el pago de una "tasa de preparación". La ley actual también permite que se requiera una tasa para acceder a cierta información, pero el hecho de no pagarla o de recurrir el importe de la misma, no deriva en una denegación de la información. Cuando las enmiendas propuestas entren en vigor, la solicitud de pago de la tasa será simplemente otra forma de denegar la solicitud.
Declaraciones de bienes públicas
La nueva propuesta de ley amplia la categoría de personas que están obligadas a presentar declaración de bienes, y exige que todas las declaraciones (excepto las presentadas por los funcionarios de los servicios secretos) se publiquen en Internet. Esta norma no solo se debe aplicar a los diputados del Sejm y a los cargos del gobierno local, sino también a los examinadores del permiso de conducir, policías municipales, personal de la Inspección Nacional del Trabajo y de la Oficina de Abogados de la Tesorería del Estado, a funcionarios públicos profesionales e incluso a los bomberos y el personal de apoyo del Servicio Nacional de Rescate y Control de Incendios.Procedimientos administrativos: privacidad desprotegida
Según la actual ley en vigor, un órgano administrativo puede negarse a divulgar información pública con el fin de proteger la privacidad de alguna persona. La propuesta de ley restringe los motivos para denegaciones en procedimientos administrativos. Con la nueva ley, los expedientes de los procedimientos administrativos, y especialmente las sentencias administrativas, serán información pública accesible en los procedimientos de divulgación de información pública.
Legislación: menos transparencia y disponibilidad
El proyecto de ley no establece ningún mecanismo nuevo para mantener la transparencia del proceso legislativo. Por el contrario, reduce la normativa aplicable actual. Para las consultas públicas, el nuevo proyecto de ley repite los contenidos de la resolución vinculante sobre el trabajo del Consejo de Ministros. Sin embargo, a diferencia de la resolución, no designa un plazo para la presentación de opiniones o reclamaciones. La resolución del Consejo de Ministros señala un plazo de 14 días, que podría acortarse bajo circunstancias especiales. El proyecto de ley, sin embargo, no señala ningún plazo límite.Legislación y grupos de presión
Siguiendo los pasos de la Ley de grupos de presión actualmente en vigor, el proyecto de ley reconoce dos formas para la participación ciudadana en la legislación: grupos de presión y grupos de presión profesionales. Sin embargo, a diferencia de la ley actual, el proyecto impone un considerable compromiso de divulgación sobre ciertos organismos, como organizaciones, instituciones o personas interesadas en la legislación (pero no empresas o compañías). No realizar esa divulgación se consideraría un delito penal. La ausencia de dicha información anula el derecho de presentar una declaración.
Protección precaria para quienes denuncien irregularidades
El proyecto de ley otorga el estatus de denunciante de irregularidades únicamente a las personas que denuncien la sospecha de un delito de corrupción a las autoridades de orden público. Este estatus solo lo puede conceder y retirar de forma arbitraria un fiscal, lo que significa que el destino de este denunciante está exclusivamente en manos del fiscal. Si el fiscal decide retirar la protección al denunciante, este no tendrá ninguna opción legal para recurrir esta sentencia. La nueva ley no otorga protección a las personas que denuncien amenazas que no se consideren delitos penales, como la seguridad de riesgos laborales, el acoso laboral o el acoso sexual.
