En 2011, la policía polaca halló plantas de cannabis en el apartamento de L.P., junto con plantas de marihuana que había recogido y secado. Un Tribunal regional le sentenció a una pena de prisión suspendida, pero apeló al Tribunal Constitucional, alegando que las disposiciones contra la posesión de drogas son inconstitucionales porque "la prohibición sobre el cultivo y posesión de marihuana constituye la más fuerte posible limitación de la autonomía individual en la toma de decisiones y viola el derecho del individuo a controlar su vida personal".

El Tribunal no compartió su opinión. Sostuvo que la protección del derecho a la intimidad y el poder de decisión de una persona no son absolutos y pueden restringirse en aquellos casos en los cuales es necesario proteger los intereses de otros, como por ejemplo, la salud pública.

Sin embargo, en su explicación de la sentencia, el Tribunal dejó en claro que la legislación que despenalice la posesión de marihuana podría ser constitucional. "Las decisiones de la Asamblea Legislativa deben basarse en una investigación multifacética, la evaluación de las soluciones existentes, el análisis de datos y factores relevantes para la política de drogas y la experiencia de otros países," reza la declaración del Tribunal, tras la publicación de la sentencia.

El Parlamento polaco modificó la ley en relación a la lucha contra los estupefacientes en el 2011, agregando un artículo bajo el cual podría ser descontinuado un proceso penal si se trataba de un caso de posesión de una "cantidad insignificante" de marihuana para su uso personal.

"La sentencia del Tribunal Constitucional no cambia nada [de la ley 2011]," dijo Piotr Kubaszewski, abogada de la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos. "Hay diferentes interpretaciones en cuanto a qué significa una 'cantidad insignificante', que se refleja en el escaso número de procesos penales descontinuados bajo esta disposición".