El personal de enfermería de la Institución para la Defensa Social (EDS por sus siglas en francés) en Paifve, un pueblo cerca de Lieja (Bélgica), se dirigió a miembros del Gobierno belga, incluyendo a varios miembros de la Comisión de Justicia del Congreso, tras el anuncio de que no se renovarían varios contratos de plazo fijo. El equipo de médicos y psicólogos en las instalaciones ya ha sido reducido significativamente, haciendo casi imposible un cuidado médico y psicológico adecuado.

La financiación de la atención adecuada es esencial para las instalaciones de EDS, que ofrecen alojamiento a los detenidos que se encuentran entre la cárcel y un centro de reinserción, permitiendo más tiempo en espacios comunes y mejor atención a los detenidos. Tras los recortes, los 208 detenidos en Paifve serán olvidados: su cuidado en el futuro será por dos psiquiatras que trabajan 24 horas por semana y dos psicólogos, uno que solo trabaja a tiempo parcial.

El 26 de noviembre durante una sesión de la Comisión de Justicia, el ministro de Justicia Koen Geens dijo que EDS Paifve era muy importante para él, pero que las renovaciones de contratos dependerá de las decisiones de la junta directiva de la Justicia Federal del Servicio Público y la Inspección de Hacienda, y que su objetivo era de reducir los costos. La Liga de Derechos Humanos apoya la idea de una adecuada evaluación y mejor administración del personal, pero esto tiene que ser indudablemente independiente de la anunciada reducción de la fuerza laboral. Más aun si apoyó el acuerdo de la Coalición, el cual indica la necesidad de “recursos presupuestarios suficientes para asegurar la implementación de la nueva legislación sobre la detención".

El desmantelamiento de la atención

LDH ya ha declarado su posición, recordando las numerosas condenas a Bélgica por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el estado catastrófico de las estructuras de defensa social, administradas por el Ministerio de Justicia, aunque en general es la responsabilidad del Estado, el cual decide a que ciudadanos encerrará si los encuentra responsable de sus acciones a pesar de sus condiciones mentales.

En general, recortes presupuestarios en los últimos años en el campo de la justicia (fortalecimiento de la seguridad, priorizando la construcción de nuevas instalaciones, poca o ninguna atención al proceso de reintegración) han tenido un impacto directo en el servicio sanitario ofrecido a los presos, incluyendo los equipos de atención. El desmantelamiento de los servicios de atención ha sido un trabajo paulatino. Lo que le ocurre a EDS Paifve es sólo un ejemplo de ello. LDH resalta su preocupación por la privatización de ciertos "servicios" para internados. En este sentido, las restricciones presupuestarias del Centro de Psiquiatría Forense de Gante son el resultado de que los políticos subestimen el presupuesto necesario para asistir las verdaderas necesidades de los pacientes.

En este contexto, ¿es razonable creer que cuando dice el Gobierno dice querer comprometerse con resolver el problema crónico del encarcelamiento? Si realmente quiere abordar este asunto, debería considerar la posibilidad de transferir los servicios sanitarios desde la Justicia del Servicio Público Federal para a la sanidad FPS (antiguamente los ministerios de Justicia y Salud). Muchos actores de la sociedad civil y las autoridades públicas creen que esta acción podría ayudar a proporcionar un apoyo más responsable y coherente para con los detenidos. "La disciplina fiscal" y la complejidad institucional no deben ser sinónimos de abandonar las misiones y responsabilidades del Estado.