Recién comienza del segundo mandato del gobierno Fidesz, caracterizado por la eliminación de instituciones independientes, el desmantelamiento del marco de parlamentarismo y, más recientemente, el ataque contra los posibles críticos del gobierno que quedan.
Con base en su afiliación política, el gobierno ha incorporado en una lista negra aquellas organizaciones civiles independientes húngaras que se han beneficiado del Fondo Civil Noruego (FCN). La lista incluye la Unión para Libertades Civiles húngara, recibidora de la beca FCN que le permite la transmisión a pequeñas organizaciones civiles de los conocimientos que ha acumulado durante su trabajo en materia de protección de libertades y derechos fundamentales. El gobierno inició su ataque contra FCN a principios de abril, apenas un día después de haber sido reelegido de manera contundente. Acusa al FCN de tener vínculos con partidos políticos, y como tal, hace contribuciones políticas a través de sus subvenciones. Cuando el gobierno noruego rechazó estas acusaciones, el gobierno húngaro envió agentes de la Oficina de Control Gubernamental para auditar las organizaciones coordinadora del Fondo. El viernes pasado, la Fundación Ökotárs (uno de los coordinadores del FCN húngaro) fue amenazada con la suspensión de su CIF/NIF, mientras otras dos organizaciones de coordinación fueron auditadas.
La semana pasada uno de los mayores portales de noticias húngaro en línea, Origo.hu, publicó una serie de artículos sobre János Lázár, secretario de Estado para la Oficina del Primer Ministro, señalando que su reciente gasto de HUF 2 millones procedentes de fondos públicos en gastos de viaje fue presumiblemente injustificado. Como respuesta, János Lázár, presionó al medio de forma visible. Es probable que debido a este incidente el jefe de redacción de Origo.hu, quien dice haber resistido la presión política ejercida por los dueños editoriales, fue obligado a renunciar. El consejo editorial de Origo.hu expresó su desacuerdo con despedir al jefe de redacción y consideran que las condiciones para continuar con su trabajo son inseguras.
Estos son los pasos que toma el Gobierno con el objetivo de silenciar a su gente, desde ciudadanos comunes y corrientes hasta la prensa y la sociedad civil, impidiendo la expresión de cualquier crítica contra el gobierno. Un análisis de las acciones del gobierno desde el 2010 demuestra que la eliminación de instituciones independientes, el desmantelamiento de los marcos del parlamentarismo y la banalización de las voces opositoras ya había comenzado en el primer mandato del gobierno. Las medidas incluyen: La ley de medios; la restricción de la autoridad del Tribunal constitucional; la eliminación de la institución del protector de pueblo para la protección de datos independiente; la transformación del sistema electoral; y la manera de aprobación y contenido de la Ley Fundamental. La inauguración del segundo mandato del gobierno ha visto aún más desafíos: el día después de las elecciones parlamentarias, el Gobierno emitió un comunicado asegurando que esto era apenas el comienzo. De esta manera se fomenta el cuestionamiento de la credibilidad mientras dificulta la financiación independiente de aquellas organizaciones civiles autónomas que puedan representar un contrapeso para el gobierno.
Organizaciones independientes de la sociedad civil húngara y medios locales críticos con el Gobierno están constantemente enfrentándose a como sobrellevar la falta de recursos y financiación. Las oportunidades para organizaciones civiles para ejercer su defensa legal y su habilidad de ejercer son cada vez menores, y a partir de ahora los medios de comunicación tendrán que practicar la autocensura ya que las normas de la ley de medios de comunicación cercenan la libertad de expresión mientras prácticas judiciales les inhibirá la publicación de artículos criticando al gobierno. Todas estas medidas hacen que Hungría se asemeje a la Rusia de Putin donde, al silenciar las últimas voces libres, están siendo demolidas todas las defensas del estado democrático.
