Rights International Spain y el Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendiente en España presentan un informe sobre las manifestaciones de racismo y xenofobia ocurridas entre el 15 de marzo y el 2 de mayo, durante el estado de alarma en España por la COVID-19.

La investigación recoge más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias de las cuales destaca que un 45% de los casos se refieren a vulneraciones que afectan a un colectivo en particular. Madrid es la región con mayor número de denuncias (40%), seguida de Catalunya (21%) y País Vasco (8%). El grupo étnico racial que sufrió mayor número de vulneraciones son las personas negras y afrodescendientes (32%), seguidas por árabo-musulmanas (30%), gitanas (25%) y latinas (8%).

Uso de perfiles raciales

En un contexto de elevada presencia policial, se han dado numerosas quejas por el uso de perfiles raciales. Es destacable el dato remitido por SOS Racismo Madrid que documentó entre el 15 de marzo y el 7 de abril, al menos trece identificaciones por perfil racial realizadas por la Policía Nacional a personas que se dirigían a hacer compras básicas. Este control generó que las personas afectadas evitaran salir a la vía pública incluso para realizar compras de primera necesidad. Ante esta situación se recomienda prohibir por ley esta práctica e implementar formularios de identificación que recojan datos empíricos objetivos de control policial que incluyan etnicidad y nacionalidad.

Brutalidad policial

Un 70% de las respuestas individuales recibidas denunciaron sufrir una parada por perfil racial antes de ser objeto de brutalidad policial. Se han detectado numerosos casos en los que los agentes de policía actuaron de manera violenta contra personas que presentaban cuadros médicos de trastornos. Un caso mediatizado se dio en el barrio de San Francisco, Bilbao. La Ertzaintza redujo violentamente a un joven magrebí que había salido a comprar y sufría un trastorno de salud mental e hizo lo mismo con su madre, cuando corrió a explicar a los agentes el estado de su hijo. Todo abuso debe investigarse de forma rápida y efectiva. Para ello, es preciso fortalecer las garantías y mecanismos de denuncia, creando un mecanismo independiente de supervisión y rendición de cuentas para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Ámbito del trabajo del hogar y cuidados

Hay aproximadamente 600.000 personas trabajando en el sector hogar-cuidados y la gran mayoría son mujeres migrantes. Un 30% de las trabajadoras de hogar no tienen contrato laboral y están en situación administrativa irregular. Según la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) estas mujeres han estado más expuestas a ser identificadas y multadas al no disponer de certificado acreditativo para desplazarse al trabajo. Las medidas adoptadas por el gobierno en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia dejan fuera a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular. El gobierno debería ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadoras y trabajadores domésticos para promover la protección efectiva de los derechos de este colectivo.

Ámbito de la venta ambulante

Según el Sindicato de Manteros de Madrid, la gran mayoría de las personas que trabajan en el sector de la venta ambulante se encuentra en situación administrativa irregular y muchas de estas personas han manifestado que, durante el periodo de confinamiento, no han salido a la calle para realizar las actividades permitidas por miedo a la violencia policial y a las identificaciones por perfil racial. Además, sus condiciones de vida se han visto empeoradas al vivir en infraviviendas y hacinados, a lo que se ha unido el acoso de caseros/as cuando no han podido hacer frente a los pagos de alquiler por carecer de ingresos.

Temporeros/as agrícolas

Las personas migrantes que trabajan en campos agrícolas lo hacen en condiciones de explotación laboral, sin seguridad social y viviendo en chozas de cartón y plástico. La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) recalcó la imposibilidad de estos colectivos de cumplir con las medidas sanitarias impuestas, cuando no pueden ni acceder a productos de limpieza, recogida de residuos o una vivienda adecuada donde sanarse o aislarse en caso de contagio. Sin medidas de control y vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales, trabajan en condiciones infrahumanas sin medidas que permitan evitar el contagio del virus.

Víctimas de trata con fines de explotación sexual

Colectivos de la sociedad civil señalaron que, desde la aprobación del estado de alarma, las víctimas de explotación sexual tienen mayor dificultad para acceder a servicios médicos, sufren mayor violencia y aumentan la deuda con sus explotadores. Asimismo, varias ONG informaron que, con el confinamiento, muchas de estas personas han sido obligadas a seguir trabajando con alto riesgo de sufrir contagio por COVID-19. A pesar de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Genero aprobó un Plan de Contingencia contra la violencia de genero, ampliado a víctimas de trata, explotación sexual o mujeres en contexto de prostitución, la medida no reconoce la situación de trata de las víctimas ni ofrece un régimen de protección integral a este colectivo. Cuando la víctima es extranjera y en situación administrativa irregular, sigue quedando expuesta a una expulsión del territorio.

Discurso de incitación al odio

De igual forma que los bulos racistas y mensajes de incitación al odio hacia personas de origen asiático han sido frecuentes desde el comienzo de la epidemia, desde el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica señalan que se difundieron mensajes de odio antigitano en redes sociales y mensajería instantánea. Destacan el tratamiento estigmatizante por parte de algunos medios de comunicación sobre el origen de la propagación de la COVID-19 o supuestos incumplimientos de cuarentena que aludían al origen étnico de las personas implicadas. Los delitos de odio deben investigarse rápida y eficazmente.

Paralización de tramites administrativos, policiales y judiciales respecto a los procedimientos de extranjería y asilo

Tanto el cierre de las administraciones públicas, como la paralización de los trámites de protección internacional y los servicios mínimos de justicia sin una alternativa para los casos más vulnerables, han provocado casos de indefensión y falta de acceso a derechos, en particular, al derecho de asilo. Además, el impacto en el acceso a los derechos económicos y sociales de las personas migrantes en situación administrativa irregular se ha hecho evidente con el cierre de las administraciones que registran su estancia en los municipios en los que residen. Se recomienda regularizar la situación administrativa de las personas migrantes en España, garantizando sus plenos derechos, permitiendo su acceso a la salud y vivienda digna en condiciones de igualdad.

Solicitantes de Protección Internacional y refugiados/as

Diversas organizaciones han denunciado que durante el estado de alarma se han restringido derechos fundamentales de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional por razones de salud pública. La ONG Coordinadora de Barrios denunció las condiciones en las que se encontraban 55 personas en Melilla que accedieron a la ciudad solicitando asilo y fueron alojadas por el gobierno regional en carpas sin aislamiento térmico, ni sistema de climatización o condiciones de seguridad y sanitarias necesarias en una pandemia. La ONG Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales denuncio que 1.650 personas se encontraban desde hace meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla con capacidad máxima para 782 personas. Entre quienes había solicitantes de asilo, mujeres embarazadas, menores y personas con enfermedades y necesidades especiales.

Aquí puedes leer el informe con todas las recomendaciones. Ahora estamos en el momento oportuno para re-construir una sociedad más inclusiva para todos sus miembros, más solidaria, fuerte e igualitaria.