Muchas de las recomendaciones principales que ha emitido el Comité contra la Tortura (CCT) en sus observaciones del 29 y 30 de noviembre de 2017 se refieren a cuestiones que señaló Antigone Onlus en su informe realizado con el apoyo de la Organización Mundial contra la Tortura.

El informe de Antigone le proporcionó al CCT un análisis en profundidad tanto acerca del sistema de detención como sobre las políticas de migración de Italia.

Tortura y hacinamiento

La primera cuestión que abordó el Comité es el delito de tortura. Al igual que Antigone, el CCT subraya que la definición del delito de tortura que se añadió finalmente al código penal italiano es considerablemente más reducida que la del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, debido a los elementos adicionales que incluye. Además, el CCT no está de acuerdo con el estatuto de limitaciones de la ley italiana para este delito, establecido en 18 años.

En segundo lugar, el CCT expresa su preocupación por el hecho de que Italia todavía no haya establecido todavía una institución nacional de derechos humanos independiente. Este paso es necesario para garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y, en concreto, con los Principios de París, adoptados hace 20 años.

Entre otras cosas, el Comité también señala las condiciones de detención en Italia. Llama la atención sobre el hecho de que varias cárceles exceden su capacidad máxima y que el 35% de los detenidos se encuentran en prisión preventiva. Asimismo resalta su preocupación por la existencia de prácticas de detención arbitrarias, como los cacheos abusivos sin ropa, y pide que se revisen las normativas sobre la videovigilancia en las instalaciones de custodia para garantizar que se ajustan al derecho internacional.

El Comité también ha llamado la atención sobre las denuncias de personas detenidas sobre los obstáculos que se encuentran a la hora ejercer sus derechos legales fundamentales, como el derecho a notificar a un familiar de su detención o acceder a un abogado de su elección o a un intérprete.

Derechos humanos en el mar

En su informe, Antigone también subraya algunos problemas relacionados con la legislación y la política de inmigración italiana, particularmente sobre la llamada Ley Minniti y los acuerdos del gobierno con las autoridades libias. Según Antígone, la Ley de Minniti ha debilitado la protección de los derechos de los solicitantes de asilo, especialmente con respecto al principio de no devolución; que se constata sobre todo en los casos de rechazos y expulsiones a Estados donde se cometen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como Sudán o Libia. En sus observaciones finales, el CCT incluye estas cuestiones refiriéndose, por ejemplo, al acuerdo firmado entre las autoridades de policía italianas y sudanesas en 2016, que condujo a la repatriación de nacionales sudaneses, que supuestamente pertenecían a una minoría perseguida.

Después de escuchar el informe del gobierno italiano sobre el memorando de entendimiento que firmó con el gobierno libio, el Comité destacó en su informe la falta de una estipulación en este acuerdo que condicione la cooperación y el apoyo con el respeto de los derechos humanos, o a que Italia finalice o revise el acuerdo en caso de violaciones graves de los derechos humanos. Italia debe prestar atención a las denuncias sobre intercepciones por parte de hombres armados presuntamente de la Guardia Costera libia y las pésimas condiciones en los centros de detención que controla el Departamento contra la Migración Ilegal libio.

El Comité también aborda la cuestión de los "hotspots" y los centros de acogida de solicitantes de asilo, niños no acompañados y migrantes irregulares, y expresa su preocupación por las denuncias sobre las pésimas condiciones de vida y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía cuando toma las huellas dactilares de los migrantes. Asimismo, suscribe la denuncia de Antigone sobre la falta de un marco legal claro que establezca cómo deben actuar respecto a los hotspots. Además, el CCT subraya la necesidad de unas directrices claras sobre procedimientos y división de responsabilidades para la identificación de personas vulnerables y personas que necesitan protección internacional.