La propuesta introduce la prohibición de la recogida pasiva de dinero en varios lugares del municipio. Civil Rights Defenders y el Centro de Derechos Sociales han presentado un recurso conjunto en contra de la misma ante el tribunal administrativo de Malmö, pues es contraria a la Ley de Orden Público, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Instrumento de Gobierno.

"La prohibición de la mendicidad implica restricciones injustificadas y desproporcionadas de los derechos y libertades fundamentales de las personas y por lo tanto, debe derogarse", afirma John Stauffer, director jurídico de Civil Rights Defenders.

¿La mendicidad altera el orden?

Un municipio puede imponer una normativa especial para mantener la ley y el orden en un espacio público, pero pedir dinero no constituye una perturbación que justifique semejante prohibición. Civil Rights Defenders y el Centro de Derechos Sociales han cuestionado que el hecho de sentarse o estar de pie en un lugar y pedir ayuda en forma de dinero a otra persona, ya sea verbalmente o con la ayuda de una señal, pueda considerarse una alteración de la ley y el orden.

El presidente de la junta directiva municipal de Vellinge ha esbozado en los medios de comunicación las razones de la decisión, explicando que los residentes del municipio se sienten asaltados por las personas que les piden dinero y les viven como un problema.

"La función de estas normativas no es evitar la incomodidad que puedan sentir algunas personas cuando se enfrentan a la pobreza y la vulnerabilidad. La Ley de Orden Público no debe usarse con fines políticos", afirma John Stauffer.

Una prohibición innecesaria y discriminatoria

Además, la decisión del municipio de imponer una prohibición local a la mendicidad en la prácticaafectará sobre todo a las personas sin hogar pertenecientes a la minoría romaní, lo cual constituye una discriminación y una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Instrumento de Gobierno. La aplicación de la prohibición también conlleva algunas cuestiones difíciles en cuanto a su delimitación.

"¿Cómo es posible determinar quién está pidiendo de forma pasiva y quién está pidiendo ayuda de otra manera o simplemente está presente en la zona? La prohibición implica un riesgo inminente de juicios arbitrarios y que los romanís pueden ser objeto de discriminación", dice John Stauffer.

Para concluir, Civil Rights Defenders y el Centro de Derechos Sociales sostienen que la prohibición de la mendicidad en el municipio de Vellinge debe levantarse porque:

• viola el derecho a la libertad de expresión y la libertad personal;
• no es necesaria, ya que la mendicidad no perturba la ley y el orden;
• no es proporcional a las restricciones a los derechos humanos que conllevaría;
• implica un problema de delimitación respecto a quién está incluido en la prohibición, lo que puede conducir a juicios arbitrarios;
• es discriminatoria.