Liberty y otras nueve organizaciones han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia del Investigatory Powers Tribunal (IPT) que declara legales las actividades de vigilancia masiva de las agencias de espionaje del Reino Unido.

Liberty cuestiona la sentencia de diciembre de 2014 que juzga que el programa Tempora del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) - con el que la agencia intercepta y procesa miles de millones de comunicaciones privadas al día - cumple la legislación sobre derechos humanos.

El recurso cuestiona también el fallo del tribunal que declara legal que los servicios de espionaje del Reino Unido accedan a los datos recopilados en grandes cantidades por medio de los programas de vigilancia electrónica masiva PRISM y Upstream, operados por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos.

La sentencia se dictó ante la demanda presentada contra los servicios de seguridad por Liberty, Amnistía Internacional, Privacy International y otras organizaciones, tras las revelaciones de Edward Snowden, delator de las ilegalidades de la NSA.

La sentencia de un segundo tribunal, en febrero de 2015, proporcionó a Liberty y a sus compañeros de denuncia una victoria parcial, al fallar que el intercambio de datos entre el Reino Unido y Estados Unidos fue ilegal hasta diciembre de 2014 porque las normas de funcionamiento del mismo habían sido mantenidas secretas. Algunos detalles de las reglas secretas que rigen la relación de intercambio de espionaje se hicieron públicos durante el proceso legal.

Esta sentencia histórica marcó un hito al ser la primera vez que el tribunal citado (el único tribunal del Reino Unido que tiene competencias para supervisar al GCHQ, al MI5 y al MI6) ha fallado contra las agencias en sus 15 años de historia.

James Welch, director jurídico de Liberty:

"Sólo gracias a la revelaciones de Edward Snowden, y a las escasas filtraciones que nosotros y otros demandantes hemos conseguido sacar a los gobiernos, tenemos una mínima noción de lo que maquinan los servicios de espionaje. El tribunal cree que existen suficientes garantías que nos protegen del abuso a escala industrial de nuestra privacidad. No estamos de acuerdo y esperamos que sea finalmente el Tribunal Europeo el que deje bien claro a nuestros servicios de seguridad que no pueden operar en condiciones de casi completo secreto."

La utilización y el acceso a la vigilancia por parte de las instituciones públicas británicas están regulados por la Ley de Regulación de los Poderes de Investigación (RIPA) del año 2000. Liberty cree que este marco amplio y confuso debe ser revisado para garantizar que todas las intrusiones en la privacidad personal cuenten con una autorización apropiada y cumplan los principios, de derechos humanos, de necesidad y proporcionalidad.

Carly Nyst, director jurídico de Privacy International:

"La vigilancia masiva representa una violación de nuestros derechos fundamentales. La intercepción de millones de comunicaciones al día y la recepción secreta de otros cuantos millones más por la puerta trasera procedentes de la NSA, no son ni necesarias ni proporcionadas. Aunque el IPT se haya alineado con el GCHQ y contra los derechos de millones de personas, el más alto tribunal de derechos humanos de Europa tiene una fuerte tradición de garantizar que las agencias de espionaje cumplan la legislación sobre derechos humanos. Esperamos que el tribunal mantenga esta tradición y que el GCHQ sea declarado responsable por su espionaje ilimitado de las comunicaciones mundiales."

Nick Williams, consejero jurídico de Amnistía Internacional:

"Se ha permitido que las prácticas de vigilancia del gobierno del Reino Unido se mantengan sin disminución alguna, en una dimensión sin precedentes, con repercusiones importantes para la privacidad de las personas y la libertad de expresión. Nadie está por encima de la ley y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ahora la oportunidad de dejarlo claro."

Las instituciones que forman parte del caso son la American Civil Liberties Union, Amnistía Internacional, Bytes for All, la Canadian Civil Liberties Association, la Egyptian Initiative for Personal Rights, la Hungarian Civil Liberties Union, el Irish Council for Civil Liberties, el Legal Resources Centre, Liberty y Privacy International.