La Liga para los Derechos Humanos, Liga voor Mensenrechten, Bruselas-naturaleza, Greenpeace España, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Inter-Environnement Bruxelles y Inter-Environnement Wallonie conjuntamente presentaron un recurso de anulación ante el Tribunal Constitucional belga contra la reforma del Consejo de Estado. Los demandantes consideran que esta reforma es un paso atrás para los derechos del acusado, así como para la protección del medio ambiente.

El 20 de enero de 2014, el Parlamento aprobó una ley que tiene como objetivo la reforma de la jurisdicción, procedimiento y organización del Consejo de Estado. Mientras que algunos aspectos de la reforma deben ser recibidos (incluyendo alivio de ciertos trámites administrativos para entidades legales para apelar), otros mecanismos son objeto de crítica.

Cinco cuestiones

Después de cuidadosa consideración de la reforma, las siete organizaciones humanitarias y ambientales han decidido desafiar al Tribunal Constitucional sobre cinco temas que parecen problemáticos con la nueva reforma:

-el riesgo para los acusados de no ser capaz de beneficiarse de las protecciones legales al denunciar sobre cuestiones que les afectan personalmente en un ambiente de propiedad común;

-la capacidad de mantener los efectos de un acto cancelado por el Consejo de estado (es decir, considerado ilegal);

-el riesgo que del daño irreversible al medio ambiente durante la ejecución de un acto impugnado, la suspensión del cual es rechazado después de considerar y equilibrar los intereses (nuevo mecanismo en virtud de la reforma);

-el pago de indemnizaciones en el régimen público, en caso de pérdida en el juicio;

- la laguna jurídica administrativa que permite que el Consejo de Estado tenga la potestad de corregir un defecto en un acto impugnado (esta laguna, prevista en la ley flamenca, ha sido volcada recientemente por el Tribunal Constitucional).

Socava los derechos de los ciudadanos

Entre las quejas esenciales contra estos mecanismos, estas siete asociaciones consideran que estas regresiones son sensibles a los derechos de los acusados en materia de protección del medio ambiente, y cabe recordar, cae dentro de nuestro patrimonio común. Esta reforma socava los derechos y principios de los ciudadanos, como el derecho de acceso efectivo al Tribunal, la existencia de recursos efectivos, la ausencia de costos prohibitivos para procesos judiciales o el principio de independencia e imparcialidad de los jueces.

Omite ciertos puntos de la Convención Europea sobre derechos humanos, las libertades fundamentales y la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información. También debilita la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia sobre asuntos ambientales, así como varias disposiciones de la legislación europea y la Constitución belga.

El enfoque de las siete organizaciones no es el único. Varias acciones presentadas en contra a esta reforma dejan claro que la reforma está siendo criticada y es una verdadera preocupación para la sociedad.

Adjunto encontrará un breve resumen de los principales argumentos sobre las razones de la apelación.