El optimismo se disparó este verano tras la promesa del nuevo gobierno de hacer cambios significativos en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la "Ley Mordaza" debido a las graves restricciones que impone a la libertad de expresión y de reunión. Sin embargo, según avanza el proceso de reforma, el optimismo inicial no deja de disminuir. Las enmiendas actuales y las negociaciones en el Parlamento dejarían en vigor las disposiciones que restringen más gravemente los derechos humanos.

Cómo llegamos a este punto

La Ley de Seguridad Ciudadana fue propuesta en 2013 por el gobierno de derechas del entonces primer ministro Mariano Rajoy, cuyo partido gozaba de mayoría en ambas cámaras del Parlamento en ese momento. Supuestamente, el objetivo de la ley era mejorar la seguridad de las personas y proteger el orden público. Sin embargo, el verdadero objetivo era ayudar al partido de Rajoy a silenciar la disidencia en un momento en el que las protestas contra la austeridad estaban en máximo auge. En lugar de responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía en un momento de necesidad, el gobierno optó por tomar medidas drásticas contra el derecho de las personas a organizar protestas públicas pacíficas.

Cuando la ley entró en vigor en 2015, la reacción fue inmediata. Decenas de miles de ciudadanos se manifestaron frente al Congreso y otros edificios en Madrid, a menudo con mordazas azules o cinta adhesiva en la boca para expresar el efecto disuasorio de la ley sobre la libertad de expresión. También llegaron críticas de instituciones internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas (sobre el derecho de reunión pacífica, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos en la lucha antiterrorista y sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos) se pronunciaron también en una nota conjunta en contra de la ley mordaza, que, según señalan, "penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo" y "restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo a la libertad de opinión y de expresión en España".

Rights International Spain (RIS), miembro de Liberties, también ha sido muy crítica con la misma desde su inicio como anteproyecto de ley. RIS se ha centrado sobre todo en los derechos de reunión y expresión y en tratar de eliminar las restricciones que afectan al derecho de las personas a grabar a la policía mientras ejerce sus funciones, proteger las manifestaciones espontáneas y a la interrupción pacífica de actos oficiales.

¿Cuáles son los problemas de la reforma?

El gobierno actual no parece tener intención de cambiar muchas de las disposiciones más problemáticas de la ley. Inicialmente afirmaron que la restricción relacionada con fotografiar o grabar a los agentes de policía estaba en el bloque que iban a eliminar, pero ahora parece probable que se mantendrá, con algún cambio. No existe razón para ello. Fotografiar o grabar a la policía mientras hace su trabajo es una de las mejores maneras de exigir responsabilidades a quienes abusan de su poder. Y no tiene sentido que una fuerza profesional cuya función es proteger al pueblo se oponga a medidas que de forma pasiva y pacífica suponen una mejora de la rendición de cuentas y la transparencia. Además, si una persona utiliza indebidamente una fotografía de un agente causándole algún tipo de perjuicio, ya existen mecanismos legales previos a la Ley Mordaza.

Otras partes problemáticas que es posible que se mantengan son la prohibición de las concentraciones pacíficas frente al Congreso o al Senado cuando estén reunidos y la prohibición de concentraciones espontáneas. Ambas constituyen una violación del derecho fundamental de las personas a la libertad de reunión. El Parlamento y otros edificios públicos son precisamente los lugares frente a los cuales la gente debería quejarse de su gobierno. No iría a una zapatería para quejarme del kebab que me mantuvo la noche en vela abrazando el váter. El Estado tiene la obligación de proteger esas manifestaciones, incluso si ocurren de forma espontánea. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión ha recomendado que en todos los Estados las asambleas espontáneas estén explícitamente "reconocidas por la ley".

Otro problema de la Ley Mordaza es que penaliza, de forma extremadamente ambigua, la interferencia con un acto oficial, que incluye todo, desde un partido de fútbol hasta un desalojo. La ley establece:

"Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito".

Pero, ¿qué constituye un "acto de obstrucción"? La ley no lo aclara, dejando a la policía demasiado poder para actuar de manera arbitraria. Lo que implica que, a menudo, se aplique de forma que penaliza conductas completamente pacíficas y legítimas en una sociedad democrática. Además, la mera existencia de esta prohibición no deja de ser sorprendente, ¿qué valor protege? ¿La sacralidad de la Copa del Rey?

La Ley Mordaza impone multas absurdas para todas estas infracciones. Amnistía Internacional, utilizando los datos del Ministerio del Interior, ha calculado que el Estado ha detenido a una media de 80 personas por día desde que entró en vigor la ley, obteniendo al menos 25 millones de euros de las multas resultantes. De hecho, resulta ligeramente sorprendente que esta cifra sea tan baja, dadas las asombrosas cifras de las sanciones previstas por la ley: entre 30.000 y 600.000 euros por participar en una concentración que no ha sido comunicada; entre 600 y 300.000 euros por intentar detener un desahucio; entre 600 y 300.000 euros por interrumpir un acto público (incluidos partidos de fútbol y discursos) y hasta 30.000 euros por mostrar "falta de respeto" hacia los agentes de policía. Cifras que no solo son duras, sino crueles.

Todavía estamos a tiempo

Aún estamos a tiempo de lograr que el gobierno escuche a la ciudadanía y a los defensores de derechos humanos e implemente reformas que realmente mejoren la situación de los derechos humanos en España. No cabe duda de que la Ley Mordaza ha sido un fracaso lamentable, tanto en su cínico propósito de silenciar las voces críticas como en lograr que los ciudadanos estén más seguros.

"Aunque la ley nunca debió haberse aprobado y, por lo tanto, debería ser derogada, este proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es una buena oportunidad para que el legislador adecúe la norma a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y libertad de reunión pacífica", señaló Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain.

Efectivamente, si los legisladores aplican las recomendaciones de RIS, contribuirán a salvaguardar los derechos fundamentales en el país sin sacrificar en absoluto la seguridad pública.

Todavía estamos a tiempo de alzar la voz y cambiar el rumbo de la reforma.