El cuidado de las personas gravemente enfermas y de los enfermos terminales en la República checa ocupa un lugar marginal en el sistema sanitario público. A diferencia de los países vecinos, donde los cuidados paliativos son una parte habitual de la política sanitaria, los moribundos no suponen una prioridad del sistema de protección social checo. Hay entre 20 y 30 organizaciones que están dedicadas a este tipo de cuidado, pero ninguna recibe el reembolso pleno de sus servicios, y todas ellas operan en los márgenes de una especie de “sanidad de guerrillas”.
Un total de 14 centros de cuidados paliativos para pacientes hospitalizados están en funcionamiento en la República Checa, junto con varios centros móviles que brindan atención a los pacientes en su entorno familiar - todos excepto uno funcionan como organizaciones médicas privadas. Las compañías de seguros pagan cuidados paliativos para pacientes hospitalizados, aproximadamente la mitad de la factura sanitaria, mientras que la porción restante tiene que conseguirse mediante subvenciones o patrocinios. Los centros móviles dependen completamente de sí mismos para su financiación.
"Una vergüenza"
"Sabemos que cada año en la República Checa mueren cerca de cien mil personas, de las cuales entre setenta y ochenta mil tenían un diagnóstico que describe la trayectoria previsible de la enfermedad, y estas personas podrían perfectamente ser beneficiarias de unos cuidados compasivos y humanos. Y si cruzamos la frontera cercana con Sajonia, encontraremos un sistema completamente funcional que proporciona ese tipo de cuidados, organizado por el Estado, mientras que aquí solo cerca del 3 por cien de los pacientes moribundos recibe cuidados paliativos. Es algo vergonzoso", afirma Marek Uhlir, director de una de las organizaciones benéficas. La falta de servicios integrales comunitarios apoyados por el Estado, no sólo en lo que respecta a los cuidados paliativos, a menudo lleva a los pacientes a situaciones penosas en las que terminan en las instalaciones en el borde de la ley y en pésimas condiciones.
La inercia del Estado crea las bases para el surgimiento de instalaciones ilegales que están fuera de todo control. En el pasado ha habido casos de restricciones injustificadas de la libertad personal, violaciones de la intimidad, uso arbitrario y no transparente de medicamentos, incluidos tranquilizantes. Se ha proporcionado comida de mala calidad, incluso a los pacientes con dietas específicas o afectados de malnutrición. Estas instalaciones no respetan la dignidad humana y a veces ni siquieras las normas de higiene. El coste de tales servicios supera a menudo la pensión media.
