"Somos uno de los pocos países de la UE que no tiene un organismo separado e independiente para proteger los derechos de los niños, y eso es un gran error", dijo el ministro de Derechos Humanos Jan Chvojka.
Según Chvojka, no había voluntad política de ningún partido ni de ningún líder político para crear tal organismo.
Sin embargo, los abogados constitucionales señalan que, bajo la Convención sobre los Derechos del Niño, que el país ratificó en 1993, la República Checa tiene la obligación de contar con un Defensor del menor.
Palabras, pero ninguna acción
A principios de mes un grupo de expertos en protección infantil, abogados y legisladores discutieron sobre el establecimiento de una oficina de defensa del menor en la oficina gubernamental.
El Consejo de Gobierno llevó a cabo un análisis el año pasado sobre la posibilidad de crear un nuevo puesto de protector de los derechos del menor o de designar un nuevo representante del Defensor del pueblo para este tema.
El gabinete debía decidir sobre el modelo el año pasado, pero el ministro de Derechos Humanos fue sustituido. El predecesor de Chvojka, Jiří Dienstbier, había planeado que antes del final de esta legislatura empezara a trabajar un Defensor del menor.
Trabajo excesivo, sin personal
La Oficina del Defensor del pueblo ya ha comenzado a tramitar denuncias relacionadas con niños.
El año pasado, según la asistente del Defensor del pueblo, Barbora Kubikova, la oficina recibió 383 denuncias, pero la mayoría fueron presentadas por adultos.
El equipo creó un sitio web para niños hace unos años, y sus casos se priorizan para poder resolverlos lo más rápido posible, pero los problemas de los niños no se abordan de forma sistemática, cuenta Kubíková.
En total, el Defensor del pueblo recibió más de 8.000 denuncias el año pasado. Según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el actual Defensor del pueblo no cuenta con el personal ni los recursos económicos necesarios para atender adecuadamente estas denuncias.
El establecimiento de un puesto independiente de protección del menor cuenta con el apoyo del Comité Gubernamental de los Derechos del Niño.
"Nos encantaría que la decisión no se retrase, hemos encontrado consenso entre los partidos políticos relevantes", señala Klára Laurenčíková Šimáčková, jefa del comité.