Cerca de cien residencias ilegales para la tercera edad están tratando de lucrarse con los más mayores. Operan sin registro y con frecuencia cobran unas tasas más elevadas de lo permitido. Ni siquiera garantizan cuidados profesionales, pero no pueden ser clausuradas.

En la República Checa existen aproximadamente cien alojamientos e instalaciones sociales sin licencia. En los casos más favorables, la asistencia a los mayores en dichas residencias la proporcionan auxiliares con formación. Sin embargo, según los expertos, es más frecuente que los trabajos de cuidados estén a cargo de personas sin experiencia.

Las residencias sin licencia no pueden ser clausuradas

"A finales de 2015, las autoridades regionales instruyeron procedimientos administrativos en 44 casos, 26 de los cuales fueron finalmente cerrados", dijo Peter Sulek, un portavoz del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, añadiendo que el ministerio vigila otras 57 entidades sospechosas de prestar servicios ilegales, respecto a las cuales no se han iniciado aún los procedimientos. "Esos casos incluyen no solo prestaciones residenciales, sino que existen también ejemplos de servicios móviles no registrados", afirmó.

A pesar de que la situación fue criticada en el pasado por la defensora del pueblo Anna Šabatová, esas instalaciones no pueden ser simplemente cerradas con la legislación actual. Los operadores únicamente pueden ser multados por proporcionar servicios sociales no autorizados.

Y aunque la sanción máxima fue aumentada hace dos años de 250.000 a un millón de coronas checas (unos 37.000 euros), ello no ha detenido a los estafadores.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha prometido un cambio para abril de 2017, cuando la reforma de la ley de Servicios sociales entre en vigor.

Otro millón más

Una enmienda a la ley de Servicios sociales que debe tener efectos a partir de abril del año próximo es susceptible de ayudar en este sentido, según el Ministerio. La multa máxima por poner en marcha residencias ilegales de mayores aumentará hasta los dos millones de coronas y las autoridades regionales deberán asimismo adquirir competencias para controlar esas entidades. En el momento actual, irónicamente, solo las instalaciones correctamente registradas pueden ser controladas.

De acuerdo con Sulek, la reforma legal debe mejorar también la transparencia general y aliviar la situación actual. "El objetivo [de la nueva ley] es permitir que una persona mayor en una residencia se quede donde está incluso tras un deterioro de su estado de salud, porque le resulta familiar el equipo y el entorno".

Por otra parte, según afirma, la suma del reembolso por los cuidados proporcionados no debería cambiar. "La modificación del importe máximo de reembolso para las personas mayores no está prevista, y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no considera que eso sea un problema ", sijo Sulek.

La ley de Servicios sociales estipula en la actualidad que a las personas mayores se les debe dejar al menos un 15 por ciento de sus ingresos después de pagar por el alojamiento y comida en su instalación de cuidados residenciales.