La primera persona en Polonia que demandó a la iglesia católica por daños y perjuicios por abuso sexual ha alcanzado un acuerdo con la diócesis de Koszalin-Kolobrzeg y con una parroquia.

A los 12 años de edad, Marcin K. sufrió abuso sexual por parte del sacerdote Zbigniew R. durante varios meses. En diciembre de 2012, el sacerdote fue condenado por delitos penales y sentenciado a dos años de cárcel. Aunque la sentencia ha sido confirmada y declarada firme, el sacerdote ha conseguido evitar el encarcelamiento, aduciendo motivos de salud.

"Caridad cristiana"

En 2013, Marcin K. presentó una querella contra Zbigniew R., la diócesis de Koszalin-Kolobrzeg y la parroquia católica de San Adalberto, exigiendo indemnización por la violación de sus intereses personales. Un juzgado de primera instancia rechazó el caso contra la diócesis y la parroquia, pero admitió la querella contra el sacerdote.

Según los términos del acuerdo con la iglesia, alcanzado en marzo, Marcin K. acepta abandonar toda acción civil contra la parroquia y la diócesis. Los demandados anunciaron que "como gesto de caridad cristiana" han indemnizado al demandante por el coste de su tratamiento psicológico.

En la querella civil contra el sacerdote, que continúa, Marcin K. solicita 50.000 eslotis (12.500 euros) por daños morales. El caso está suspendido y no tiene fecha de reanudación.

"Un hito jurídico"

"Estamos encantados con el acuerdo entre Marcin K. y la diócesis y la parroquia demandadas. Es, sin duda, un hito jurídico en el que una víctima de pedofilia por parte de la iglesia ha recibido finalmente una compensación justa", declaró Irmina Pacho, abogada de la Helsinki Foundation for Human Rights. "El juicio contra Zbigniew R. no ha terminado todavía y, desde luego, vamos a continuar siguiéndolo."

En muchos otros países, como Alemania y Estados Unidos, la iglesia ha llegado a cuerdos con las víctimas de sacerdotes pedófilos, al reconocer de hecho su propia responsabilidad institucional en dichos casos.

Marcin K. estuvo representado por Wojciech Dobkowski, abogado pro bono. La Helsinki Foundation for Human Rights siguió el proceso legal de la demanda.