La edición 2017 de los Premios 'Big Brother' belgas, organizados por la Liga voor Mensenrechten (LVM), acaba de revelar sus ganadores. El Premio del Jurado fue para el "hackeo" del Estado, una tendencia en auge en los Estados miembros de la UE, que desarrollan y utilizan software malicioso para espiar a sus propios ciudadanos. Este software malicioso se instala en el dispositivo electrónico de un sospechoso, por ejemplo en el teléfono móvil, ordenador o tableta, para acceder a todos sus mensajes, fotos, videos y otros datos personales. En otras palabras, esta tendencia ha legalizado la forma más intrusiva de espionaje llevada a cabo por el gobierno.
Los peligros del hackeo por parte del Estado
Como señaló EDRi (European Digital Rights) en su nota en la que nomina al hackeo estatal para el premio, el uso de lagunas de seguridad en programas informáticos destinadas incialmente a reducir la ciberdelincuencia, está generando, paradójicamente, más inseguridad pues hacen que "nuestros datos personales sean más vulnerables a cualquier ciberataque".
El Premio del Público se lo llevaron las cámaras ANPR (de reconocimiento automático de matrículas), que fueron nominadas por la Plataforma DataPanki:
"Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico, se está tejiendo una 'telaraña de alta tecnología' que ofrece oportunidades sin precedentes para rastrear a cada ciudadano individualmente. No es únicamente una cuestión de nuestra seguridad: se recopilan muchos otros datos. Por medio de un monitoreo y filtrado en tiempo real, en breve se podrá lograr un control total de nuestros movimientos [...] Y todo ocurre como si fuera lo más natural del mundo, sin que haya un debate público importante y con una legislación que se está quedando atrás en estos temas".
Ley de investigación nominada
La organización miembro de Liberties, la Liga Belga de Derechos Humanos, había nominado a la ley belga sobre métodos especiales de investigación. Esta ley cambia el marco legal aplicable e incorpora nuevas técnicas de investigación y recopilación de datos policiales. Aunque la ley aclara el marco legal y ofrece herramientas útiles a las fuerzas policiales para luchar contra el terrorismo, también levanta preocupaciones.
En primer lugar, con respecto a la privacidad, socava el régimen de garantías tradicional que garantizaba la proporcionalidad de los procedimientos del Código de Instrucción Penal. En segundo lugar, con respecto a la separación de poderes, aumenta el trasvase de poderes del juez de instrucción (que es el responsable del control independiente de las pruebas eximentes e incriminatorios) hacia el fiscal (que no tiene tales garantías de independencia).
