A principios de febrero, dos asentamientos en los suburbios de Roma donde vivían principalmente familias romanís fueron derribados por excavadoras que arrasaron con 36 chabolas y seis tiendas de campaña. La policía, según se informa, no encontró ocupantes en la zona y la ha clausurado para evitar que otras personas accedan a la misma.
Un desalojo que viola claramente las obligaciones internacionales
La Asociación 21 Luglio, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de los derechos de las comunidades romaní y sinti en Italia, intervino inmediatamente preocupada por la forma en que se llevó a cabo el desalojo y a las amenazas a los hogares antes de que comenzara la demolición.
Según un comunicado de 21 Luglio, "el desmantelamiento de las casas fue precedido en los días previos por amenazas de dividir a los grupos familiares y de destrucción parcial preventiva de las estructuras. No se ha ofrecido ninguna alternativa adecuada a los habitantes. Por ello, creemos que se trata de un desalojo ilegal, que no respeta los derechos fundamentales".
La asociación ha declarado asimismo que el desalojo se llevó a cabo "en clara violación de las obligaciones internacionales y sin respetar las garantías procesales en materia de desalojo previstas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas".
Los testimonios revelan que los días anteriores al desalojo, la policía se dedicó a abordar a las familias para amenazarlas de que si el día del desalojo encontraban a gente en el asentamiento, podrían dividir familias y separar a los niños de sus padres. Las ventanas y puertas de las viviendas fueron destruidas posteriormente para evitar el regreso de sus ocupantes.
La Administración no ha ofrecido soluciones alternativas
La Administración Municipal no ha ofrecido ningún plan para las familias tras el desalojo de sus viviendas y la demolición del asentamiento. No parece que exista ningún plan alternativo para estas personas, lo que supone una privación de sus derechos fundamentales.
La asociación 21 Luglio ha expresado su inquietud respecto a la gestión de los desalojos forzados de la comunidad romaní en el territorio de la capital y por la forma en que se llevan a cabo. Este es otro episodio de violación de los derechos humanos.
La ciudad de Roma parece hacer caso omiso de la opinión del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que expresó su profunda preocupación por las condiciones de vida de las comunidades romanís.
