El gobierno rumano ha redactado nueva legislación de acuerdo con la cual las asociaciones, fundaciones y federaciones están obligadas a declarar información sobre sus beneficiarios.

Esto significa, por ejemplo, que las ONG tendrán que dar a las autoridades información de periodistas y niños y niñas implicados en cualquiera de sus actividades.

El gobierno rumano incluye este requisito en una nueva ley que debe aprobar para trasladar una directiva de la UE contra la financiación terrorista.

Fuertes protestas de la sociedad civil

Casi 80 organizaciones no gubernamentales del país han firmado una carta de protesta dirigida al gobierno y pretenden remitir la cuestión a la Comisión Europea, alegando que la nueva legislación es una traslación abusiva de la Directiva 2015/849 de la UE contra el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta ley sitúa injustificadamente a la sociedad civil dentro de la misma categoría de riesgo financiero que los proveedores de servicios de juevo y las instituciones bancarias.

Sin haber publicado un análisis de riesgo para explicar su decisión, tal y como recomiendan los estándares internacionales, las autoridades han determinado que las ONG se sometan a obligaciones de información que hasta los grandes bancos y las casas de juego tienen dificultades para cumplir.

La transparencia de la estructura interna de cualquier ONG (en su estatus, dirección, composición de la Junta directiva, etc) está ya garantizada en Rumanía a través del Registro Nacional de ONGs, gestionado por el Ministerio de Justicia.

Antecedentes

En su intento de traslación de la IV Directiva contra el Blanqueo de Capitales de la UE, la propuesta legislativa del gobierno ha suscitado ya las fuertes críticas del sector de las ONG, puesto que afectará seria y negativamente el trabajo de la sociedad civil introduciendo la obligación de comunicar al gobierno datos identificativos de los beneficiarios de organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones que no cumplan con esta obligación se enfrentarán a una sanción extrema: su disolución.

En concreto, el proyecto acarreará:

• el cierre total de organizaciones que trabajan con los grupos más vulnerables: personas que han sufrido abusos, personas cuyos derechos humanos se han vulnerado, personas afectados por situaciones de pobreza extrema;
• una reducción drástica del número de ciudadanos que recurran a organizaciones no gubernamentales;
• la imposibilidad para las ONG que establecer colaboraciones sin compartir las listas completas de datos de sus beneficiarios, incluidos los individuos, con nombres, apellidos y toda la información de sus documentos de identidad.

Sin evaluación de riesgo

El 7 de mayo, las ONG explicaron su posición a los artífices de la ley, al Ministerio de Justicia y a la Oficina Nacional para la Prevención y la Lucha contra el Blanqueo de Capitales.

Los esfuerzos fueron en vano. La ley es evidentemente ofensiva, a la par que entra en contradicción con una de las principales fuentes utilizada por el gobierno para justificar su decisión: las recomendariones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

El GAFI es una organización intergubernamental que trabaja para reducir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Recomendación nº 8 del GAFI se refiere específicamente a organizaciones sin ánimo de lucro y requiere algo que el gobierno rumano no ha querido hacer: un análisis de riesgos y la adopción de medidas proporcionales al riesgo identificado.

Puesto que no se ha publicado nunca en Rumanía ninguna evaluación del riesgo terrorista existente en el sector de las ONG, es difícil justificar que las medidas arriba mencionadas son proporcionales a ningún presunto riesgo.

Queda por ver cómo manejarán las autoridades la avalancha de datos personales de beneficiarios de ONG que tendrán que abordar.

La cantidad de información será enorme, considerando, por ejemplo, que solo las organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios de asistencia social tienen, anualmente, más de 350.000 beneficiarios. Por lo tanto, es fundamental que el Parlamento plantee una enmienda al Decreto del gobierno.