Más de 10.000 manifestantes han salido a las calles de Rumania para denunciar el retroceso del gobierno en la lucha contra la corrupción. Exigen que se retire un proyecto de ley que transformaría el sistema de justicia y reduciría sus poderes anticorrupción, ya que los cambios que propone detendrían el progreso logrado en los últimos años, un progreso que la UE llevaba pidiendo desde la adhesión de Rumanía en 2007. El fiscal general, Augustin Lazar, también ha denunciado el proyecto de ley pues afirma que "debilitaría la independencia de los fiscales '.