En abril de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Rezmiveș y otros contra Rumanía dictaminó que Rumanía estaba violando los derechos humanos, una sentencia piloto sobre el hacinamiento y las malas condiciones de las cárceles. Como consecuencia, el Gobierno rumano envió en enero de 2018 un plan sobre cómo abordar estas cuestiones al Comité de Ministros del Consejo de Europa.
El plan explicaba la previsión de Rumania de modernizar 1.351 plazas de prisión y ampliar la capacidad de las cárceles en 8.095 entre 2018 y 2024. El gobierno también se comprometió a crear 1.596 nuevas plazas de detención preventiva y a mejorar 187 de ellas.
El plan ha alcanzado ya su segundo año y las cifras muestran que no ha habido grandes avances. Se han creado 70 plazas nuevas y mejorado 282 y no se ha hecho nada en relación con las dos cárceles que se habían comprometido a construir. Es decir, se ha hecho menos de la mitad de lo que estaba previsto haber logrado a estas alturas. Sí ha logrado mejorar 147 plazas de detención preventiva.
Al mismo tiempo, la tasa de ocupación penitenciaria se ha mantenido constante en 2019 en torno al 111%, aunque 14.402 personas han sido puestas en libertad en virtud de la Ley de apelación compensatoria de 2017 a 2019. La tasa de ocupación de la prisión preventiva es del 55%.
Condiciones de la prisión preventiva
Entre febrero y junio de 2019 los representantes de APADOR-CH visitaron diez centros de detención preventiva y cárceles en Giurgiu, Miercurea Ciuc, Galati, Craiova, Bucarest y Târgu Jiu.
El uso de métodos alternativos de detención preventiva y la inversión en los últimos años en rehabilitar los centros de detención preventiva ha logrado que el hacinamiento sea cosa del pasado en esos centros.
Al mismo tiempo, a pesar de que se han hecho grandes inversiones en varias unidades, muchos problemas persisten, como la falta de higiene, el hacinamiento en las celdas y las celdas sin váteres, en las que los presos tienen que usar cubos por la noche y depender de la buena voluntad de los funcionarios de prisión durante el día. Además, la falta de luz natural y de aire fresco en algunos sótanos de los centros de detención preventiva también es un problema. Aunque se ha instalado aire acondicionado en muchos lugares, a menudo no funciona y no reemplaza el aire fresco. En la mayoría de los casos no hay asistencia médica especial disponible para los presos y la asistencia médica no siempre está garantizada. Además, sigue sin haber ningún tipo de asistencia psiquiátrica y psicológica, a pesar de que un porcentaje significativo de la población carcelaria tiene problemas de salud mental. Por último, en la mayoría de los centros de detención preventiva, los presos no pueden comprar nada y son los agentes de policía quienes tienen que hacerles las compras, lo que repercute en sus deberes oficiales.
Condiciones de detención en las prisiones
A pesar del importante número de detenidos que han sido puestos en libertad en los últimos dos años sigue habiendo hacinamiento en el sistema penitenciario. La inversión en la mejora de las instalaciones existentes o en la construcción de otras instalaciones similares no ha sido lo suficientemente importante como para que mejore visiblemente la situación.
En 2019 se adoptaron medidas para mejorar la vida diaria de los presos, duplicando el presupuesto para alimentos, que ha pasado de unos 0,74 euros diarios por persona a 1,48. También ha mejorado la calidad de los artículos sanitarios a disposición de los presos. Según las autoridades, cada preso le cuesta al Estado unos 107 euros al mes, además de los salarios del personal penitenciario.
Salvo alguna excepción, como la nueva y moderna cárcel de Giurgiu, los problemas persisten, tal y como hemos comprobado en las visitas que realizamos a principios de 2019. Aunque constatamos que se había intentado rehabilitar las instalaciones, las celdas habían mejorado desde el punto de vista estético y se había retirado la tercera fila de literas para que parecieran menos saturadas, siguen existiendo problemas. La falta de higiene en muchas de las celdas y en los almacenes de alimentos, los váteres que a menudo no funcionan o son escasos, la escasez de agua caliente, que solo está disponible con un horario y no hay suficiente para todos, la insuficiencia de personal médico... Excepto en la cárcel de Galati, en todas las demás no había suficiente personal médico o, como en Miercurea Ciuc, directamente no había. Al igual que en los centros de detención preventiva, también encontramos una falta total de personal psiquiátrico. Al llegar a las cárceles, no se hacen pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual y tampoco se dispone de preservativos. Asimismo, faltan programas eficaces de formación que faciliten la reinserción tras la puesta en libertad y tampoco hay personal suficiente para llevar a cabo las actividades socioeducativas que la mayoría de los presos ahn señalado que necesitan ni suficientes puestos de trabajo para los presos, ya sean remunerados o no. Esto dista mucho de lo deseable, ya que el mercado laboral rumano tiene escasez de trabajadores, mientras que las cárceles están llenas de personas que quieren trabajar. Teniendo esto en cuenta, el Ministerio de Justicia dbería encontrar una solución conjunta con el Ministerio de Trabajo para vincular los dos segmentos.
