El sufrimiento de los acusados a los que no les llegan los abogados que designan los jueces

Desde hace un año, APADOR-CH está llevando a cabo un proyecto cuyo objetivo es ayudar a las personas detenidas a acceder a asistencia jurídica. El proyecto llegó justo a tiempo, cuando Rumanía alcanzó la fecha límite (mayo de 2019) para la transposición de la Directiva 1919/2016 de la UE sobre asistencia jurídica gratuita para sospechosos y acusados de delitos.

Estamos en el mes de julio ya y la Directiva todavía no se ha transpuesto. Mientras tanto, APADOR-CH ha reunido a la policía y a los fiscales con los abogados defensores para discutir los principales obstáculos que impiden que las personas detenidas tengan acceso a un abogado.

En otro proyecto, APADOR-CH descubrió que la detención preventiva se estaba utilizando de foma excesiva en Rumania (lo que había derivado en una situación de hacinamiento en las unidades de detención preventiva). Una de las razones de esta situación era que los abogados defensores no tenían apenas disponibilidad. El proyecto también reveló que los abogados no siempre estaban presentes en las audiencias en las que se ordenan tales medidas, y, frecuentemente no tienen mucho tiempo para leer sobre sus casos y preparar una defensa sólida. Lo que resulta más sorprendentemente es que muchos jueces admiten que tienden a confiar principalmente en los argumentos de los fiscales a la hora de tomar sus decisiones. Esto puede llevar a que los abogados defensores dediquen en general menos tiempo y esfuerzo a la fase de instrucción, lo que puede tener un impacto negativo en el resultado de la causa para los acusados.

Grupo de trabajo identifica los principales problemas y ofrece soluciones

A partir de las discusiones del grupo de trabajo de abogados, policías y fiscales, APADOR-CH descubrió lo que está detrás de la falta de motivación de los abogados. El primer factor son los bajos honorarios de los abogados designados por el tribunal. El grupo de trabajo proponía aumentar las tarifas y en la primavera de 2019 el Ministerio de Justicia aprobó un aumento significativo. El segundo factor es que a menudo los abogados defensores tienen dificultades para acceder a los archivos de sus clientes, por lo que el grupo de trabajo propuso crear un sistema de archivo electrónico al que se pueda acceder en línea, de modo que los abogados tengan tiempo para preparar la defensa antes de la audiencia. El tercer factor es que los abogados suelen estar mal formados. Para ello, la propuesta del grupo de trabajo fue que se introduzca el requisito de la formación continua como condición para que los abogados obtengan la acreditación anual. El cuarto factor es que a menudo varios abogados representan a un mismo cliente en un caso. El grupo de trabajo inidcó que sería mejor que un solo abogado represente al acusado durante la investigación o durante todo el juicio. Actualmente, el tribunal designa a un abogado distinto para cada audiencia y cada uno de ellos empieza desde cero en cada ocasión.

Los representantes de las instituciones públicas también coincidieron en que las cuestiones identificadas por el grupo de trabajo son reales y pueden resolverse, muy probablemente al mismo tiempo que otros problemas sistémicos, como la falta de unas instalaciones de trabajo apropiadas para los fiscales y los agentes de policía, o la falta de ordenadores adeucados (que en algunas oficinas tienen hasta 15 años de antigüedad).