Tan solo el 20,41% de los votantes rumanos acudieron a las urnas para votar sobre la modificación de la Constitución para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una cifra insuficiente para validar el referéndum.

La participación más baja en 30 años

Se trata de la participación más baja en un referéndum en Rumanía en los últimos 30 años. Semanas antes de la votación, el gobierno había establecido el 30% de participación como la tasa mínima para poder validar este tipo de votaciones. Los resultados parciales anunciados el 8 de octubre, por la Oficina Electoral Central, indicaban que el 90% de los que votaron pensaban que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería estar prohibido por la Constitución, mientras que un 6% votó en contra.

El referéndum ha desatado un intenso debate en la sociedad rumana, pues se ha asociado a tendencias homófobas, nacionalistas y antieuropeas. La Coalición por la Familia, un comité de iniciativa ciudadana, reunió hace dos años tres millones de firmas, exigiendo la enmienda del artículo 48 de la Constitución, que dice: "La familia está basada en un matrimonio libremente consentido entre cónyuges". Pidieron que se cambiara por: "La familia está basa en el matrimonio libremente acordado entre un hombre y una mujer." Pensaban que de este modo garantizaban que no fuera posible legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Rumanía en el futuro.

Los votantes piensan que el referéndum supone un despilfarro de dinero público y una distracción de los problemas reales.

La baja participación puede deberse quizá a que este referéndum se ha visto como un despilfarro de dinero público, pues el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es ilegal en Rumanía. Otros votantes lo han percibido como una forma de desviar la atención de los problemas más acuciantes del país y de las críticas a la coalición gobernante. Aunque se trata esencialmente de una iniciativa ciudadana, el referéndum ha sido identificado por la mayoría como una herramienta de manipulación política, ya que todos los partidos parlamentarios, excepto un partido de la oposición, votaron a favor del mismo e instaron a la ciudadanía a acudir a las urnas.

El fracaso de participación también pone en cuestión la influencia de la Iglesia Ortodoxa Rumana -que apoyó la enmienda- sobre la población mayoritariamente cristiana ortodoxa.

El gobierno logra inintencionadamente disparar la participación de observadores electorales

El referéndum sin embargo sí logró movilizar a los ciudadanos para que se inscribieran como observadores electorales o delegados del partido que promovió el boicot, garantizando así que la mayoría de las mesas electorales estuvieran cubiertas y que los posibles casos de fraude se compartieran en las redes sociales. Paradójicamente, el gobierno contribuyó a esta movilización al modificar unas semanas antes la legislación sobre el referéndum, eliminando casi todas las medidas destinadas a controlar y garantizar la transparencia del proceso electoral. Además estableció dos días en lugar de uno solo para que se llevara a cabo la votación. Varias ONG protestaron contra estas medidas, calificándolas de un incentivo para el fraude electoral.

APADOR-CH ha pedido al Parlamento que subsane estas deficiencias enmendando la ley sobre la aprobación de la ordenanza de emergencia relativa al referéndum. Si no se enmienda, cualquier referéndum que se celebre en Rumanía a partir de ahora podría ser fraudulento, ya que se ha eliminado el Sistema Informatizado de Control de Votación y Prevención del Voto Ilegal (SIMPV).