La primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para fomentar una Europa que acoja se lanzó en Italia el 19 de abril de 2018. Bajo el nombre: "Somos una Europa que acoge, déjanos ayudar", esta campaña pretende conseguir un millón de firmas. Aquí tienes el enlace para firmar la petición.

La ICE es un instrumento de democracia participativa que permite que los ciudadanos propongan cambios legales concretos en cualquier campo en el que la Comisión Europea pueda legislar. Para ello, es necesario que la iniciativa reúna un millón de firmas a lo largo de doce meses en al menos siete Estados miembros de la UE. "Europa Acoge", que fue aprobada por la Comisión Europea el 14 de febrero de 2018, necesita reunir ese número de firmas para febrero de 2019.

Además de en Italia, se han establecido comités de apoyo en Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, España y Hungría. La ICE tiene tres objetivos: poner fin a la criminalización de la ayuda humanitaria, ampliar los programas de apoyo para refugiados y fortalecer los mecanismos para la protección de los derechos civiles de los refugiados y migrantes.

Despenalización de la solidaridad

En al menos 12 países de la Unión Europea, distribuir comida o bebida a migrantes, llevarles en coche, comprarles un billete o darles alojamiento se considera a menudo "facilitar la inmigración ilegal", y puede conllevar una pena de multa o de prisión. En marzo de 2018, por ejemplo, un guía de montaña francés fue acusado de "tráfico de seres humanos" por ayudar a una mujer embarazada de ocho meses que estaba cruzando la frontera franco-italiana con su familia.

Estas situaciones se dan porque la legislación de la UE no aclara la diferencia entre tráfico, trata y ayuda humanitaria. En este contexto, los gobiernos tratan de disuadir a los voluntarios para que no ofrezcan ayuda humanitaria a los migrantes necesitados, ya que opinan que este tipo de ayuda puede ser un factor de estímulo para los flujos migratorios.

Con el fin de combatir la criminalización de la ayuda humanitaria, la ICE pidió a la Comisión Europea que modificara la Directiva de la UE sobre la ayuda a la entrada, circulación y residencia irregulares (2002/90/EC). Esto posiblemente evite que los Estados miembros impongan sanciones a los ciudadanos o a las ONG que proporcionen ayuda humanitaria sin ánimo de lucro a aquellos que lo necesiten.

Incremento de los programas de ayuda para los refugiados

Otro objetivo de la ICE es crear rutas de entrada seguras que sean complementarias a los programas nacionales de reasentamiento. En este contexto, la sociedad civil podría contribuir significativamente con ayuda privada. Esta última juega un papel importante en otros países al facilitar la integración de los refugiados recién llegados, gracias al apoyo y a la movilización de la comunidad, de las organizaciones religiosas, de las ONG, de compañías privadas y de las familias de los refugiados acogidos.

De este modo, la iniciativa le pide a la Comisión Europea que modifique la Regulación 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que ponga en marcha un nuevo programa de financiación dentro del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para apoyar programas comunitarios de patrocinio privado.

Fortalecer los mecanismos de protección de los derechos civiles

Muchos migrantes son víctimas de explotación laboral y de violaciones de los derechos humanos, especialmente en zonas fronterizas. No obstante, luchan por tener acceso a la justicia. Por este motivo, la ICE propone fortalecer los mecanismos de protección y apelación en casos de violación de derechos humanos o abusos cometidos por las fuerzas de seguridad nacionales o de terceros países.

La ICE aboga fundamentalmente por la protección de todos los individuos, independientemente de su estatus, y por garantizar el acceso a la justicia. Pide que se introduzcan mecanismos que permitan que las víctimas presenten denuncias de forma segura, y que se proteja a los migrantes de las violaciones de los derechos fundamentales en las fronteras.

La iniciativa está apoyada por una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil, incluido el miembro de Liberties la Coalición Italiana por las Libertades y los Derechos Civiles (CILD) y A Buon Diritto.