En vísperas del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra cada año el 8 de abril, Associazione 21 Luglio presentó su informe anual sobre las condiciones de vida de las comunidades romaní y sinti en Italia. Estas comunidades, que se suelen llamar campamentos romanís permanecen segregadas y sus habitantes son víctimas de políticas institucionales discriminatorias.

Emergencia habitacional y campamentos

La emergencia en materia de vivienda sigue siendo fundamental para comprender las condiciones de vida de las comunidades romaní y sinti en Italia. En los últimos 20 años, Italia ha sido el país que más ha dedicado esfuerzos a diseñar, construir y gestionar espacios al aire libre destinados a segregar a estas comunidades basándose en criterios étnicos.

Según la encuesta realizada en 2017 por Associazione 21 Luglio, en Italia hay 26.000 personas que viven en una situación de emergencia, de las cuales cerca de 16.400 viven en campamentos formales (148 en todo el país) y 9.600 en campamentos informales o microcampamentos.

Esta cifra representa una disminución del 7% frente a 2016, cuando 28.000 romanís vivían en una situación de emergencia. Esta reducción en parte se debe a que muchas de estas personas que vivían en campamentos informales se trasladaron a edificios ocupados y muchas familias migraron a otros países europeos.

Las condiciones de vida en los campamentos donde se realizó la encuesta son deplorables. Estos campamentos institucionales diseñados, construidos y gestionados por las autoridades públicas, siguen estando por debajo de las normas internacionales, tanto en lo que respecta a condiciones sanitarias como estructurales, y tanto del propio campamento como de las unidades habitacionales.

A lo largo de los años, algunos de estos campamentos se han transformado en campamentos "tolerados", zonas que ya no están autorizadas oficialmente y a las que las autoridades públicas prestan servicios mínimos. Luego están los campamentos "informales", donde la gente vive en viviendas precarias (caravanas, tiendas de campaña o chabolas), y a menudo carecen de agua corriente, calefacción, alcantarillado e iluminación.

Estas condiciones pesan mucho sobre la salud de quienes viven en ellos: sus habitantes tienen una esperanza de vida 10 años inferior que la media italiana.

Estrategia Nacional para la Inclusión Romaní

Como ha denunciado Associazione 21 Luglio, varios organismos internacionales de supervisión han señalado que la Estrategia Nacional para la Inclusión Romaní italiana no ha producido mejoras tangibles en las condiciones de vida de las comunidades romaní y sinti que se encuentran en situación de emergencia habitacional.

En 2017, las intervenciones, especialmente a nivel local, fueron desiguales, contradictorias y a veces contrarias a la orientación de la Estrategia. Se construyeron o renovaron algunos campamentos monoétnicos, es decir, se siguió el camino contrario al objetivo marcado, que era superarlos. Además, en algunas ciudades también aumentaron el número de desalojos forzados, cuando lo que se trataba era de evitarlos, ya que, lejos de remediar la insuficiencia de viviendas, los desalojos reproducen la misma situación en otros lugares, consolidando el círculo vicioso de pobreza y exclusión.

El seguimiento llevado a cabo por Associazione 21 Luglio registró 230 desalojos forzados en Italia en 2017, de los cuales 96 de ellos tuvieron lugar en el norte, 91 en el centro y 43 en el sur.

El informe anual de Associazione 21 Luglio muestra que, un año más, no se ha respetado el objetivo de acabar con los campamentos monoétnicos y que la Estrategia Nacional para la Inclusión Romaní no ha producido resultados significativos.

Discurso de odio

Aunque el aumento de la migración de alguna forma ha desviado un poco la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública de la "cuestión romaní", el discurso de odio, la discriminación y los ataques violentos siguen muy presentes en el discurso político italiano.

Según los últimos datos del observatorio de Associazione 21 Luglio, existe una relación directa entre las políticas públicas discriminatorias y segregadoras y los ataques de odio que sufren las comunidades romaní y sinti, especialmente en periodos de campaña electoral, que esa cuando ese tipo de discriminación parece alcanzar su punto álgido.

El año pasado se denunciaron 182 casos de discurso de odio contra romanís y sintis, de los cuales 51 (28,1% del total) fueron calificados como especialmente graves.