A principios de este año, el representante Piotr S. impuso una demanda ante un tribunal polaco alegando daños a su reputación por los acusados, S. Ltd Publishing Group, y Piotr P., uno de sus periodistas. El representante argumentó que una violación de su imagen personal se había producido debido a un artículo publicado por un periódico local, K.T., divulgando información sobre el encuentro del representante con una prostituta, I. Magdalena, que presuntamente ocurrió durante una visita oficial financiada por el estado a Lublin.

En marzo, un tribunal del distrito de Varsovia falló a favor del representante y emitió una medida cautelar relacionada al reclamo del demandante. A los acusados se les prohibió publicar en el periódico K.T. o en su página web cualquier "información referente al demandante y su familia en el contexto de los acontecimientos del 19 de diciembre de 2012."

El abogado de los acusados apeló la decisión, en la cual la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos actuaba como amicus curiae. La abogada de HFHR, Dorota Głowacka, dijo, "Hemos señalado que el hecho que la prohibición de publicación, adjudicado a la periodista ha sido una limitación excesiva de la libertad de los acusados, debido al carácter de la medida aplicada y su amplia gama".

En mayo, el Tribunal de apelación de Varsovia anuló la medida cautelar relacionada con el reclamo. Se ofreció como razonamiento que la prohibición de publicar representa una medida extraordinaria. Por lo tanto, el tribunal constató que cualquier tribunal considerando un juicio de esta naturaleza debe sopesar el interés público y el interés del demandante, con respecto a la "intención específica ante un medio de comunicación social."

Dorota Głowacka, explica, "Como el demandante en este caso ocupaba un cargo público, en este caso un representante del Parlamento, el Tribunal llegó a la conclusión de que la prohibición de publicación contradice intereses públicos importantes".

El Tribunal también resaltó que en un caso donde se emitió una medida cautelar en relación a un reclamo iba en contra de intereses públicos importantes, y como tal, los tribunales están obligados a rechazar su imposición.