La Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos en Rumanía - Comité Helsinki ha enviado una carta abierta a varias instituciones europeas expresando preocupación por el proyecto de vigilancia masiva implementado por el Servicio de Inteligencia Rumano (SRI) con fondos europeos.
El proyecto utilizará 25 millones de euros de la UE para comprar software y hardware con el objetivo de "reforzar y garantizar la interoperatividad de los sistemas de información".
Este proyecto, llamado "SII Analytics", es un proyecto de vigilancia masiva que puede proporcionar al SRI y otras instituciones públicas acceso ilimitado a datos personales recogidos e integrados en un sistema de Gran Hermano a gran escala. Estos poderes se otorgan sin ninguna garantía de respeto de los derechos civiles de los ciudadanos y sin limitar el acceso del SRI y de otras instituciones públicas a la información personal. El proyecto abre un vía que facilita graves violaciones de los derechos fundamentales.
Los problemas principales del proyecto son los siguientes:
1. Vigilancia generalizada mediante la combinación de datos
El objetivo del proyecto es la agregación de conjuntos de datos de todas las principales instituciones públicas y permitir la búsqueda avanzada para poder realizar cualquier consulta, de cualquier tipo de información, acerca de cualquier ciudadano o residente.
El proyecto incluye un capítulo sobre "análisis de comportamiento", bajo el que el SRI puede generar un registro de "buen comportamiento" (con información obtenida de todas las bases de datos del gobierno) de cualquier ciudadano, incluidos futuros parlamentarios, jueces, fiscales o empresarios.
Estos registros se pueden usar para fines ilimitados y se pueden correlacionar con información de otras bases de datos, así como con otra información pública (por ejemplo, información de cuentas de Facebook) para la creación de perfiles individuales.
2. La falta de garantías y el potencial para el abuso
Al agregar bases de datos, el SRI tendrá un acceso incontrolado a cualquier información acerca de todos los ciudadanos, una cuestión que actualmente no está regulada por la legislación rumana. La ley sobre el SRI se remonta a 1991 y no prevé mecanismos de control eficaces que garanticen la reducción del riesgo de cualquier tipo de abuso y que si se producen abusos, se apliquen sanciones y se compense a las víctimas.
Por ejemplo, de acuerdo con este proyecto, se podrá acceder a la información sobre los ciudadanos desde un gran número de terminales (750), es decir, que básicamente cualquiera de las más de 1000 personas que tienen acceso al sistema, podrá usarlo para cualquier propósito, incluso personal, sin ningún tipo de control y sin que los ciudadanos sean conscientes de ello.
3. El uso de fondos de la UE para violar derechos europeos
La propuesta de proyecto de 184 páginas se presentó el 9 de junio de 2016, un día después de que se publicara la convocatoria de fondos europeos, y fue aprobada rápidamente, a pesar de que viola los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. El SRI está actualmente ejecutando una licitación para la compra de los equipos y el software necesario.
4. Gobernanza electrónica y el objetivo oculto del proyecto
El SRI no tiene, según la ley, ninguna competencia en el ámbito de la gobernanza electrónica o en el "desarrollo de herramientas para la prevención, detección y toma de medidas para reducir la redundancia de los pagos en el ámbito público", aunque estos son los campos en los que el proyecto propone acciones.
Partes del proyecto (véase los capítulos sobre "Reconocimiento facial" o "Interceptación de comunicaciones", descritos en el documento explicativo) también indican que el proyecto en realidad también tiene un objetivo no declarado: la vigilancia masiva de la población.
Además, bajo la coartada de la "prevención del fraude", el sistema dispondrá de herramientas de reconocimiento facial con una base de datos de aproximadamente 50-60 millones de imágenes (fotos de pasaporte o documento de identidad) al que el SRI tendrá acceso ilimitado. La Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos en Rumanía - Comité Helsinki y otras tres ONGs han enviado una carta a representantes públicos nacionales y europeos instando a que se paralice la licitación.
A la vez, los signatarios señalan la necesidad de que se introduzca, como requisito imprescindible para acceder a fondos europeos, la prohibición de utilizar esos fondos para violar o limitar los derechos humanos. A nivel nacional, los firmantes también destacan la necesidad de un debate público sobre el papel de la SRI en la sociedad rumana y sobre las garantías para evitar abusos y aumentar la transparencia institucional.
Signatarios:
The Association for the Defence of Human Rights in Romania - APADOR CH
The Association for Technology and Internet - ApTI
The Centre for Legal Resources
La carta pública esta disponible en rumano aquí y las especificaciones técnicas del análisis realizado por ApTI están disponibles en rumano aquí.
