Ciudadanos por toda Europa ejercen su derecho a expresar su indignación, desafiar políticas gubernamentales y manifestar sus reclamos a través de la movilización y la protesta pacífica. Frente a una sociedad civil que manifiesta de forma activa su rechazo a las políticas de recortes del Gobierno, éste, en lugar de atender a las demandas de la ciudadanía, se protege aplicando una agenda de reformas que restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo y estudiado plan para dejarnos #SinJusticia

Las reformas del gobierno español comprenden:

El Gobierno quiere reformar la “Ley Corcuera”, la ley de protección de la seguridad ciudadana que lleva en vigor desde 1992. La reforma actual ya ha sido calificada como “ley anti-protesta” y “ley mordaza” porque en ella se sancionan actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. El texto que ha presentado el gobierno incluye que "la ocupación de cualquier espacio común, público o privado" será una infracción por la que se podrá imponer una sanción de hasta 1.000 Euros. Un parque es un espacio común. Una plaza es un espacio común. Una calle es un espacio común. ¿En qué está pensando el Gobierno cuando incluye esta infracción? Esto es una violación de la Constitución española, la carta de la UE sobre derechos fundamentales, la Convención Europea de derechos humanos y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

La reforma del Código Penal incluye varias modificaciones que afectan negativamente a los derechos de los ciudadanos. La reforma incluye numerosas modificaciones de los delitos contra el orden público. Este ha sido uno de los aspectos más criticados del Proyecto, porque es una forma de criminalización de la protesta social y puede poner en riesgo los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, reconocidos por la Constitución y por las normas protectoras de los derechos humanos. Y si crees que puedes remediar la situación simplemente acudiendo a los tribunales, te equivocas.

Parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja. Por esa razón se están poniendo obstáculos para acceder a los tribunales. En 2012 entró en vigor la ley de tasas que impone el pago de unas cantidades a toda aquella persona que quiera acudir a los tribunales y recurrir una decisión judicial, menos en los asuntos penales. Una persona que quiera reclamar a un banco, por ejemplo, por estar afectado por las preferentes, o un trabajador que ha sido despedido, o un manifestante que quiera recurrir una sanción impuesta por la administración, tendrán que pagar una tasa judicial así que o paga o se queda sin recurso.

El Proyecto de Ley para reformar la asistencia jurídica gratuita (es decir, el poder disponer de un abogado de oficio en caso de necesitarlo) supondrá que menos personas podrán beneficiarse de ese derecho. A todos los ciudadanos se les sube aproximadamente un 20% el límite de los ingresos por debajo del cual se puede pedir. Los que más salen perdiendo son los ciudadanos sin familia porque más de 3.000 euros de ingresos anuales les separan del techo puesto a los que convivan en pareja, aun sin hijos. Simulando un supuesto: una persona quiere recurrir una multa que le han puesto por acudir a una manifestación, o pone una demanda para que le paguen una factura que le deben pero tiene unos ingresos de más de 1.065 euros al mes y no tiene familia: no tendrá derecho a un abogado de oficio, así que tendrá que pagar un abogado, un procurador y, por supuesto, las tasas judiciales. Ah, y aunque gane menos, tampoco tendrá derecho si resulta que tiene “patrimonio suficiente” (no se dice cuánto es suficiente, más allá de no incluir como tal la vivienda habitual).

La reforma de la Ley de Procedimiento Penal significa que las ONGs, movimientos sociales, y otras asociaciones que han denunciado violaciones de derechos humanos y la corrupción política no podrán hacerlo en el futuro. Los fiscales estarán a cargo de cualquier acción legal, sin suficientes controles, ya que la Fiscalía General responde directamente al Gobierno. Los fiscales suelen buscar penas de cárcel para los manifestantes, hacen poco para atajar la corrupción y rechazan los casos de abuso o maltrato policial.

Como si todo esto no fuera suficiente, el Gobierno ha reducido drásticamente el número de jueces, eliminando los puestos de 1.500 jueces sustitutos. Disminuir la plantilla del Poder Judicial es una manera de debilitarlo y de reducir las posibilidades de los ciudadanos de obtener justicia. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestran la desconfianza del Gobierno hacia los jueces, que también se percibe en las constantes críticas a algunas sentencias, como por ejemplo las que han anulado sanciones impuestas por las Delegaciones de Gobierno a manifestantes, o las resoluciones que han declarado que manifestarse ante los domicilios de políticos es un ejercicio legítimo del derecho de reunión protegido en la Constitución.

Los derechos humanos, la justicia y el estado de derecho son la base de la Unión Europea. Por lo tanto, cualquier intento de atacar estos valores y desmantelar el estado de derecho constituye un ataque contra el sistema de la UE. Esto es indignante. No queremos encontrarnos #SinJusticia. Depende de todos nosotros el detenerlo!

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