Las asociaciones por los derechos de los extranjeros, Cáritas internacional, la CIRÉ, el servicio jesuita para los refugiados, la Ligue des droits de l’Homme, MRAX y Vluchtelingenwerk Vlaanderen ha publicado un nuevo informe sobre la situación de centros cerrados en Bélgica. La conclusión es clara: la detención administrativa vulnera los derechos humanos y la dignidad humana.

Incluso ahora, y por más de 25 años, se retiene a cientos de personas en centros cerrados sólo porque no cuentan con la documentación necesaria para entrar o permanecer en Bélgica. A pesar de que no han cometido ningún delito, la detención de estas personas puede durar semanas, incluso meses.

Una situación 'espantosa'

¿Cuál es la realidad de estos centros? ¿Cuáles son las condiciones de vida de las personas allí retenidas? Al publicar este informe general sobre la situación de estos centros, las organizaciones, que visitan detenidos regularmente, quieren que el público general sea consciente de lo que está pasando dentro de estos campos. Al hacerlo, las organizaciones esperan que cada uno de nosotros mire a los centros bajo una nueva luz, lejos de la actual agitación política.

Este informe general sigue a un primer informe publicado hace diez años. Por desgracia, casi todas las conclusiones extraídas en el informe anterior siguen vigentes y muy pocas de las recomendaciones hechas en su momento se han puesto en práctica.

“Vemos el mismo retroceso a la hora de respetar derechos: se mantiene detenidas a mujeres embarazadas, a personas mayores y a personas enfermas, se separa a las familias, el periodo de detención es arbitrario, los detenidos experimentan grandes dificultades a la hora de acceder a ayuda legal, los solicitantes de asilo son detenidos de modo sistemático en la frontera... Las conclusiones son aterradoras", declaran las organizaciones.

La detención tiene consecuencias de largo alcance para las personas que la sufren, tanto en el plano físico como psicológico, por no mencionar el impacto en la imagen de los inmigrantes, que aparecen presentados como delincuentes en la medida en que están detenidos en instalaciones de alta seguridad. Esta imagen distorsionadora está alimentando el sentido de inseguridad en el seno de nuestra sociedad, así como amenazando la capacidad de convivencia.

Hablarle a Francken francamente

Sin embargo, el gobierno está utilizando claramente esta detención como pilar de su política migratoria. En su balance de mitad de legislatura, el Ministro de Migración y Asilo, Theo Francken, declaró que quería incrementar el número de plazas en los centros cerrados y el número de deportaciones. Pretende incluso detener niños en estos campos, algo que se dejó de hacer en 2008, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a Bélgica por esta práctica.

"A partir de este informe sobre los centros cerrados, nos gustaría preguntar hasta qué punto cumplen con los derechos humanos y cuestionar su validez y su legitimidad. Ante la amplitud y la persistencia de esta situación, pedimos que se respeten principios fundamentales como la libertad, el respeto de la ley y la prohibición del trato inhumano y degradante. Exigimos que Bélgica, como mínimo, deje de detener personas en situación vulnerable y solicitantes de asilo, introduzca en la legislación la prohibición absoluta de detener a niños y ponga en práctica un mecanismo de seguimiento de los centros de detención cerrados independiente y efectivo", afirmaron las organizaciones cuando publicaron su informe.

Ha llegado la hora de dejar de hacer que la gente crea que la detención administrativa es un mal necesario y de dejar de utilizar los centros cerrados en beneficio de una política migratoria represiva que los convierte en una solución a una cuestión securitaria.

El informe de 2017 sobre la situación de los centros cerrados se puede descargar aquí.