El gobierno neerlandés no puede, basándose en una única fuente, confirmar la afirmación de que un hombre participó en el genocidio de Ruanda. El tribunal dice que se necesita una investigación más a fondo.

El secretario de Estado para la seguridad y la justicia, Klaas Dijkhoff, retiró al acusado la ciudadanía neerlandesa el pasado 22 de mayo de 2013. Según el secretario de Estado, el hombre estuvo involucrado en el genocidio de Ruanda de 1994 y no informó de ello en el momento en que obtuvo la nacionalidad neerlandesa en 2002. El conocimiento de esa información habría dado lugar a un rechazo de la concesión de la ciudadanía neerlandesa.

Esta es la conclusión de una investigación sobre las conductas afectadas por el artículo 1 (F) de la Convención sobre los refugiados. El secretario de Estado basó su acusación principalmente en un informe de la organización de derechos humanos African Right, en concreto en un informe que fue escrito con Redress en 2010 y que traba integramente sobre el citado hombre.

La investigación-1(F) demuestra que este hombre está vinculado, entre otros incidentes, a:

• un ataque contra el centro comercial Kabuga en Cyeru; participación en el asesinato de diez soldados belgas de la ONU los 6 y 7 de abril de 1994;
• participación en la matanza de refugiados tutsis en la Iglesia de San Pablo en Mugina entre los 21 y 25 de abril de 1994;
• el intento de asesinato de refugiados en el Orfanato Gisimba el 2 de julio de 1994.

Investigación insuficiente

El tribunal de Gelderland dictaminó el pasado 20 de octubre que el Secretario de Estado no había justificado la aplicabilidad del artículo 1(F) de la Convención sobre los refugiados a partir de las propias declaraciones del hombre ni tampoco de los resultados de una investigación sobre el acusado, llevada a cabo a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores (la denominada nota oficial individual). El informe de African Rights es la clave de las acusaciones.

El tribunal dictaminó que el Secretario de Estado ha hecho una investigación insuficiente de las fuentes utilizadas en el informe de African Rights, como exige el deber de investigación y de la carga de la prueba que le corresponde. Por otra parte, otras fuentes que respaldan la acusación de su participación en el genocidio son insuficientes. Esto implica que el Secretario de Estado tiene que hacer una investigación más exhaustiva sobre las acusaciones que le implican en el genocidio de Ruanda. Así pues, el recurso del hombre ha sido considerado justificado.