Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Open Society European Institute, la FIDH y Reporteros sin Fronteras, así como más de 20 organizaciones no gubernamentales de Polonia, entre otras, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, han firmado una carta abierta en la que piden a la Comisión Europea que lance la tercera fase del procedimiento del Estado de Derecho, lo que supondría la puesta en marcha de las medidas contempladas por el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

En virtud del Artículo 7, el Consejo de la Unión Europea, a propuesta, por ejemplo, de la Comisión Europea, podrá determinar, mediante una mayoría de cuatro quintos de los Estados miembros, que existe un claro riesgo de vulneración grave por parte de un Estado miembro de los valores fundamentales de la UE, entre otros, el principio de derecho.

El artículo 7 dispone asimismo que el Consejo Europeo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión Europea, podrá determinar la existencia de una vulneración "grave y persistente" de los valores fundamentales de la UE por parte de un Estado miembro. Solo una vez cumplimentado ese paso, los Estados miembros, por mayoría cualificada, podrán decidir la suspensión de los derechos de un Estado derivados de los tratados que rigen el funcionamiento de la UE.

Amenaza sistemática al Estado de derecho

En diciembre de 2016, la Comisión Europea adoptó una segunda recomendación complementaria relativa al Estado de derecho en Polonia. Según la Comisión Europea, sigue habiendo una amenaza sistemática para el Estado de derecho en Polonia, que debe abordarse como cuestión de urgencia (para saber más sobre el caso, véase este enlace).

Antes de finales de febrero, Polonia debe notificar a la Comisión Europea las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones. Hasta ahora, no se han seguido ninguna de estas recomendaciones.

Las recomendaciones pedían el nombramiento de tres jueces designados legalmente del Tribunal Constitucional elegido en octubre de 2015, y la garantía de que no se nombre un nuevo presidente del Tribunal hasta que el Tribunal Constitucional revise las nuevas leyes sobre su organización, promulgadas en diciembre de 2016.

Del lado de la sociedad civil

Los organizaciones firmantes de la carta abierta creen que "una recomendación de la Comisión de activar el Artículo 7 del TUE es, en esta fase, la única manera de hacer que Polonia rinda cuentas de su fracaso a la hora de respetar sus compromisos en el marco de los Tratados". Las ONGs también hacen hincapié en que ello "enviaría una clara señal a otros Estados miembros" de que nadie puede socavar los valores fundadores de la Unión Europea sin una fuerte respuesta de la UE.

Las organizaciones firmantes señalan también que el uso del procedimiento del Artículo 7 enviará "una clara señal a la sociedad civil de Polonia de que la Comisión está de su lado en la lucha por una sociedad en la que se defiende la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y los demás valores protegidos por el Artículo 2 del TUE".

La carta abierta a la Comisión Europea puede leerse aquí.