En una primera lectura, el Capítulo 12 del plan gubernamental (o "acuerdo de gobierno", como lo llaman) de la coalición entre el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga parece subrayar dos aspectos importantes con respecto a la justicia: la lógica por la cual penas más elevadas y "seguras" preparan el terreno para medidas de seguridad mejores; y la necesidad de condiciones más duras en las cárceles, puesto que todas las personas que han cometido un delito merecen recibir su castigo.

Penas más duras y "seguras"

Se proponen penas más duras no solo para delitos menores muy extendidos (hurto, atraco, fraude, robo) que provocan alarma social, sino también para delitos como el acoso sexual y los delitos medioambientales cuya regulación a través del sistema de justicia penal ha sido cuestionada por las propias víctimas; se trata, de hecho, de delitos derivados de problemas que deberían abordarse con mecanismos más adecuados.

Pero, sobre todo, una interpretación distorsionada del principio de "seguridad del castigo" ha llevado al gobierno a "reformar todas las disposiciones introducidas durante la anterior legislatura dirigidas únicamente a reducir el número de personas con juicios penales y en instituciones penitenciarias, lo cual tuvo un impacto negativo en la seguridad colectiva".

El capítulo continúa con una lista improbable y aproximativa que tiene por objetivo defender el cumplimiento total de la pena en la cárcel sin ninguna alternativa al encarcelamiento ni ninguna reducción del tiempo en prisión.

El concepto queda aclarado algunos párrafos más adelante, cuando se señala la necesidad de "reescribir la legislación penitenciaria" para garantizar "mayor seguridad y protección para los ciudadanos".

En particular, se retrata de "revisar de modo sistemático y orgánico el sistema de premios" para "garantizar la eficacia del principio de reeducación de la pena".

Solo penas de privación de libertad

De ahí que el "acuerdo de gobierno" proponga la supresión de todas las medidas introducidas en los últimos años para resolver la cuestión del hacinamiento carcelario. Es verdad que estas medidas han resultado completamente ineficaces, ya que el número de personas en las cárceles sigue en aumento, pero también que la cuestión de la superpoblación carcelaria le valió a Italia una sanción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las condiciones inhumanas y degradantes de sus cárceles.

No obstante, la cosa no queda ahí: el programa también aspira a la supresión de las medidas alternativas a la detención introducidas ya en 1975 con el objetivo de ofrecer a las personas la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, a sabiendas de que las penas de privación de libertad no solo resultan insuficientes, sino que son incluso contraproducentes de cara a la reinserción.

De hecho, en las últimas décadas, en Italia, la reincidencia ha caído en picado en las personas que disfrutan de medidas alternativas a la detención, lo cual se traduce desde luego en una seguridad mayor, frente a una tasa de reincidencia del 70 % para personas que se quedan en la cárcel hasta el último día de su condena.

Sin embargo, contra toda evidencia y experiencia previa, nuestros "innovadores" gobernantes quieren borrar más de 40 años de reformas en este campo, con el único deseo de agitar la opinión pública con clichés para reforzar el nivel de consenso.

No cabe duda de que estas reformas llevarán a un aumento drástico del número de presos, provocando otra vez hacinamiento en las cárceles. El remedio es sencillo: construir nuevas cárceles e ignorar que el espacio de las instalaciones se llenará rápidamente conforme al "efecto esponja".

Más cárceles y condiciones de detención más duras

No solo habrá más cárceles, sino, sobre todo, condiciones más duras en las cárceles existentes, empezando por la supresión del régimen abierto de "vigilancia dinámica", que ha dado espacio a la sociabilidad y ha mejorado la realización de actividades de formación, desincentivando las actividades pasivas y regresivas, como estar tumbado todo el día en la cama de la celda, consumir dosis elevadas de psicotrópicos o autolesionarse.

A ello se añade el cierre de las secciones de "prisión atenuada" (aquellos que permiten que los presos con drogadicción se sometan a tratamientos terapéuticos de recuperación) y un régimen 41bis aún más duro e irrevocable para los delitos más graves, pasando por alto el principio de rehabilitación al que tiene derecho por ley todo preso.

Los menores de 14 años son considerados delincuentes

Pero la "amargura" se hace más intensa en dos puntos importantes: la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 14 años y la extensión del periodo de encarcelamiento para los menores.

Esto supone anular 30 años de reformas, elaboraciones teóricas y prácticas experimentales que se han demostrado eficaces.

La ampliación de la autodefensa

El gran final colocado al principio del capítulo es la ampliación del "derecho de autodefensa", dirigido a eliminar los "elementos de incertidumbre", que se refieren al principio de proporcionalidad entre defensa y ataque.

Decir que si un extraño se atreve a entrar en mi patio, tengo derecho a dispararle (lo cual significa que el principio de propiedad tiene un valor claramente superior al de una vida humana) equivale a promover una cultura que defiende la venganza, un tipo de justicia que adopta la forma de una vendetta del Estado, la idea de que el individuo particular puede hacer justicia por sí mismo y la fe, aún por verificar, en el poder disuasorio del sistema de la justicia penal.

Cabe preguntarse cómo un gobierno que se autodenomina "del cambio" y que dice venir a proteger a los ciudadanos afectados y empobrecidos por las políticas anteriores, puede proponer exponer a las personas más vulnerables y desfavorecidas de la sociedad a un trato tan ilícito, característico de sociedades premodernas.

Si el abogado Giuseppe Conte es el defensor de todos los italianos y si el Presidente Mattarella reitera la importancia de la Constitución, tienen el deber de demostrarlo, empezando por centrarse en las comunidades más marginales. Esta debería ser una buena oportunidad para que todos repensemos los significados y los valores que van asociados a las decisiones deseables.

Giuseppe Mosconi, Catedrático di Sociología del Derecho y Presidente de Antigone Veneto.

Artículo publicado en Italiano por primera vez en el periódico "Il mattino di Padova", el 14 de junio de 2018.

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