Una nueva sentencia de Estrasburgo que condena a Bulgaria por su forma de tomar decisiones sobre la demolición de edificios ilegales, incluso cuando constituyen el único hogar de las personas afectadas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelo a condenar al Estado búlgaro por violar la Convención Europea de Derechos Humanos al derribar la casa de una familia sin ofrecerles una vivienda alternativa.
En su sentencia del 21 de abril sobre el caso Ivanova y Cherkezov v. Bulgaria, el TEDH ha dictado que la orden de derribar la única casa de una familia constituye una violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a respetar la vida privada y familiar y el hogar-
El Tribunal de Estrasburgo, señala en su sentencia que los tribunales búlgaros normalmente se niegan a considerar los argumentos sobre la proporcionalidad de tales medidas y a tomar en cuenta la situación personal de los afectados, pues no lo consideran relevante a la legalidad de la orden de demolición.
Esto significa que, de facto, a la legislación búlgara no le importa si la ejecución de una orden deja a la parte perjudicada en la calle.
Construido ilegalmente
Mavruda Ivanova e Ivan Cherkezov iniciaron el caso contra el Estado el 15 de septiembre de 2015. En 2005, los denunciantes se trasladaron al pueblo de Sinemorets, donde Ivanova había heredado el 77% de una parcela de 625 metros cuadrados.
Ivanova rehabilitó la casa en ruinas que estaba en la propiedad sin permiso de construcción y desde entonces se mudaron a la casa de ladrillo de una sola planta.
En 2009, todo el resto de los herederos de sus padres obtuvieron una notificación judicial de que eran los propietarios del resto de la parcela y de la casa construida. Como resultado de su solicitud, las autoridades municipales inspeccionaron la casa en 2011 y comprobaron que había sido construida ilegalmente.
Posteriormente, la Dirección Nacional de Construcción abrió un procedimiento para derriibar la casa. Tanto el Tribunal Administrativo como el Tribunal Supremo Administrativo rechazaron los recursos de Ivanova.
Ninguno de los tribunales tuvo en cuenta la salud de los ocupantes y el hecho de que la casa era su único hogar.
Como Ivanova se negó a cumplir la orden de derribo, las autoridades llamaron a licitación de empresas privadas para llevar a cabo la demolición. El tribunal hizo hincapié en que el balance entre los derechos de quienes pueden perder su hogar como resultado de una orden de demolición y el interés público de garantizar la aplicación efectiva de la normativa de construcción, no debe funcionar como una regla absoluta que no permita excepciones; se debería analizar siempre caso por caso.
Sentencias similares
Esta no es la primera sentencia contra Bulgaria. En 2012, en el caso de Yordanova y Otros v. Bulgaria, el TEDH ordenó a Bulgaria que cambiara su legislación, pues permite desahucios indiscriminados, que pueden dejar a muchas personas vulnerables en la calle.
Cuatro años más tarde, el país todavía no ha cumplido con su obligación, y los derechos de los ciudadanos búlgaros siguen siendo pisoteados. Una muestra de ello fueron los desahucios forzados de población romaní en distintos municipios búlgaros, que se llevaron a cabo en 2015 con fines claramente electorales frente a los comicios de ese año.
