El ataque de un partido de extrema derecha a una mezquita en Sofía en 2011 antela pasividad de las autoridades búlgaras supone una violación del artículo 9 (libertad de pensamiento, conciencia y religión), según la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Karaahmed v. Bulgaria.

El tribunal ha responsabilizado al Estado por no haber protegido al demandante Veli Karaahmed y a otros fieles de las piedras y tubos de metal lanzados por los manifestantes. Además ha criticado la investigación de los ataques que resulta inadecuada e incompleta.

El ataque

Ataka, un partido nacionalista de Bulgaria, inició una campaña en 2006 contra lo que llamaban el "aullido" que emanaba de los altavoces de la mezquita de Banya Bashi en Sofía. En mayo de 2011, miembros de este partido montaron altavoces en un coche y se dedicaron a circular alrededor de la mezquita tocando campanas de iglesia y cánticos cristianos mientras tenía lugar la oración del viernes en la mezquita.

El siguiente viernes, a la hora de la oración, Ataka organizó una protesta junto a la mezquita, autorizada por el alcalde. Cerca de 150 miembros y simpatizantes de Ataka, incluido el líder del partido Volen Siderov y otros oficiales de alto rango se concentraron enfrente de la mezquita, junto a muchos fieles.

Los manifestantes ondearon banderas y pancartas con lemas nacionalistas y gritaron insultos racistas como "sucios terroristas", "basura" y "títeres turcos". Uno de los manifestantes rajó lentamente un fez turco con una navaja mientras decía: "¿Me oís? ¡Ahora vamos a enseñaros lo que os pasará a cada uno de vosotros!"

La policía permitió que la manifestación continuara, incluso cuando los manifestantes empezaron a lanzar piedras, palos de bandera y tubos de metal, además de prender fuego a algunas alfombras de oración. Solo intervino cuando la violencia ya estaba desatada y cinco fieles, cinco policías y un parlamentario de Ataka resultaron heridos en el enfrentamiento, que fue grabado por varios medios de comunicación.

Acceso a la justicia en Bulgaria

Se intruyeron investigaciones sobre el vandalismo y las lesiones ocasionadas por el ataque. Tras una apelación por el demandante, representado por la abogada Margarita IIieva, directora del Programa legal del Bulgarian Helsinki Committee, se abrió también una investigación sobre el hecho de predicar odio religioso. La Fiscalía de Sofía denegó la petición de Karaahmed de tomar parte en la investigación como víctima, alegando que el delito era de "conducta", es decir, que no tenía consecuencias específicamente dañinas por lo que no podía haber producido víctimas.

El demandante recurrió la decisión, pero volvió a ser denegada, rechazándose definitivamente la posibilidad de poder tomar parte en el proceso, inspeccionar los expedientes o ejercer los derechos que debería tener como víctima. En enero de 2013, el proceso judicial seguía en trámite sin cargos.

La sentencia del TEDH

El demandante, junto con los otros fieles, fue víctima de una violación del derecho a practicar su religión, como resultado de las acciones de los miembros de Ataka, que no fueron impedidas por las autoriades pertinentes. Hubo un desequilibrio entre los derechos de los manifestantes y los derechos del demandante y los otros fieles.

El Tribunal considera que, teniendo en cuenta la postura de Ataka sobre el Islam y los musulmanes, las autoridades locales debían haber previsto el tipo de manifestantes que iba a aparecer a la hora de la oración del viernes en la mezquita. Sin embargo, solo se tomaron medidas para gestionar la situación, una vez que la manifestación ya se había iniciado.

Decir que la manifestación era por el volumen de la llamada a la oración de los viernes, es subestimar la naturaleza de la misma. Los manifestantes, casi todos vestidos de negro, lucían lemas que dejaban claro sus ideas sobre las personas de origen turco y los musulmanes que viven en Bulgaria. Las acciones de Ataka no tenían como fin expresar un malestar por los niveles de ruido, ni siquiera expresar una oposición al Islam, estaban claramente calculadas para alterar a los fieles y provocar violencia.

La incompetencia de las autoridades locales sigue igual después del ataque. La investigación sobre la predicación del odio religioso, abierta el 25 de mayo de 2011, todavía no se ha completado, casi 4 años después de los hechos. También resulta profundamente alarmante que no se haya progresado en la identificación y juicio de los responsables de lanzar objetos y prender fuego a las alfombras de oración, a pesar de que muchos de los implicados se distinguen perfectamente en las grabaciones de ese día.

Finalmente, con excepción de una autoridad de Ataka, no se ha interrogado a ninguno de los individuos que capitanearon la manifestación. La inmunidad de los parlamentarios no debería ser un freno para que se les interrogue. Por ello, la investigación ha sido una respuesta fallida ante la realidad de los hechos.

El Tribunal de Derechos Humanos ha concedido al demandante 3.000 euros por daños no pecuniarios.