En lo que respecta al derecho a la privacidad, las dos opciones que está considerando el gobierno federal belga para luchar contra la propagación del coronavirus: el uso de centros de llamadas vinculados a una base de datos central o las apps de rastreo, resultan igual de preocupantes. La base jurídica de esta base de datos central recogida en el Real Decreto es demasiado imprecisa y no deja claro ni si los datos pueden almacenarse, ni por cuánto tiempo. Por ello, LDH, Liga voor Mensenrechten y FIDH se oponen a que las autoridades den carta blanca a cualquier base de datos que se cree. Las ONG han solicitado que se celebren debates parlamentarios que traten la cuestión en profundidad antes de adoptar ninguna medida.

Se está desarrollando a nivel federal una aplicación de rastreo de contactos a gran escala para identificar a personas posiblemente infectadas con Covid-19. El objetivo es que haga posible que entremos en la primera fase de la flexibilización gradual de las medidas de confinamiento el 11 de mayo. Hasta hace muy poco, no teníamos ni idea de cómo las autoridades iban a poner en práctica la desescalada del confinamiento. La semana pasada, la Agencia de Protección de Datos (DPA) emitió un dictamen sobre un proyecto incluido en un Real Decreto, cuyo objetivo era crear una base de datos para hacer efectivo el rastreo de contactos. La opinión de la DPA nos parece muy preocupante.

De acuerdo con la presidenta de LDH, Olivia Venet, "la base de datos y los centros de llamadas son tan preocupantes como la aplicación de rastreo de contactos anti-coronavirus. Constituyen una restricción importante de nuestros derechos fundamentales. El objetivo de la aplicación: notificar a las personas cuando han estado en contacto con una persona infectada, ha sido puesto en cuestión. En cuanto a los centros de llamadas, parece que su función es controlar y penalizar a las personas. No sabemos qué datos se procesarán ni con qué fin. Por ello, este Real Decreto crea una "base de datos con carta blanca" que permite, actualmente, procesar demasiados datos para muy pocos fines".

La Agencia de Proteción de Datos en su dictamen destaca el hecho de que el gobierno no ha definido adecuadamente qué datos se recogeran y procesarán. Señala, que no está segura de que esos datos puedan utilizarse, por ejemplo, para controlar a los médicos, para contratar a personas inmunizadas para trabajos específicos o para denegar el reembolso del coste de la atención médica a personas que no cumplieron las recomendaciones.

Las personas no podrán decidir si sus datos se incluyen en la base de datos. Todas aquellas que den positivo en las pruebas de coronavirus serán incluidas en la misma, así como las que sean sospechosas de haberse infectado. Sin embargo, no hay directrices claras sobre cómo se eliminarán sus datos. El proyecto incluido en el Real Decreto establece que los datos se borrarán cinco días después de que el Ministerio de Salud anuncie el fin de la crisis de Covid-19. Pero a días de hoy no sabemos cuándo y si ocurrirá.

La aplicación de rastreo de contactos anticoronavirus también plantea múltimples problemas de derechos humanos (como ya señalamos en nuestra carta abierta al gobierno), aunque, a diferencia de la base de datos, su instalación no es obligatoria. "¿Se trata de protección o principalmente de control? ¿Recibirán las personas afectadas información y asesoramiento sobre esta cuestión? ¿O es que nos dirigimos hacia un sistema en el que todo el mundo debe seguir ciertas reglas y ser controlado?", señala con preocupación Olivia Venet.

LDH, Liga voor Mensenrechten y FIDH piden que se celebre un debate de emergencia, a nivel parlamentario y en la sociedad belga. Las crisis requieren respuestas rápidas, pero esto no significa que estas no impliquen una reflexión. El gobierno debe actuar con calma y cuidado, ya que el impacto de una base de datos de este tipo en el futuro de nuestra sociedad podría ser enorme.

Firmantes:

Liga Belga de Derechos Humanos

Liga voor Mensenrechten

Federación Internacional de Derechos Humanos