Los gobiernos de Eslovaquia y Hungría acudieron a los tribunales para impugnar la decisión de la UE de ubicar a 120.000 solicitantes de asilo que llegaron a Grecia e Italia (los primeros países de acogida de migrantes) en otros países de la UE. Hasta ahora solo 28.000 han sido reubicados. En una reunión del Consejo de Ministros de la UE de septiembre de 2015, Eslovaquia y Hungría (junto con República Checa y Rumania) votaron en contra del plan de reubicación, en medio de una campaña del miedo hacia los migrantes musulmanes. Hungría y Polonia se han negado a acoger a una sola persona a través del plan de reubicación, y Eslovaquia y República Checa solo han acogido una docena cada uno.

"El Tribunal desestima los recursos interpuestos por Eslovaquia y Hungría contra el mecanismo provisional para la reubicación obligatoria de los solicitantes de asilo", dice un comunicado de prensa del Tribunal de Luxemburgo, y añade que el tribunal rechaza las denuncias "en su totalidad".

Políticos de varios Estados miembros han tratado de utilizar la cuestión de los solicitantes de asilo alentando el temor para para obtener rédito político, particularmente en algunos países de Europa Central y del Este donde la migración se vincula de forma sistemática al terrorismo y se presenta como una amenaza para la cultura nacional.

Como era previsiblemente, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro Péter Szíjjártó calificó el fallo de "indignante e irresponsable, pone en peligro la seguridad y el futuro de Europa en su conjunto y va en contra de los intereses de las naciones europeas". A lo que agregó que "la política ha violado la ley y el interés de los europeos" y que la sentencia "legitima abiertamente el poder y la jurisdicción de la Comisión Europea sobre los Estados miembros, lo que resulta inaceptable, pues no puede tener ningún poder sobre las naciones".

El ministro no mencionó que los tratados de la UE, creados por los propios Estados miembros, obligan a la Comisión a hacer cumplir la legislación de la UE.

La respuesta del ministro de Economía eslovaco, Peter Ziga, fue minimizar la importancia de la sentencia, afirmando que el "sistema de cuotas no funciona, por lo que la decisión del tribunal quizá sea irrelevante en este momento". Añadió también que "era necesario crear un nuevo mecanismo, aunque el problema ya no es tan grave, pues las llegadas han disminuido".

El Comisario de Migración de la CE, Dimitris Avramopoulos, tuiteó:

"Es hora de trabajar unidos y poner en práctica la solidaridad de principio a fin".

Los políticos de la UE consideran que el plan de reubicación es una cuestión de solidaridad con los países situados en las fronteras de la UE. Algunos gobiernos nacionales, como Alemania e Italia, han afirmado que estos Estados de Europa Central y del Este están arriesgándose a perder los subsidios de la UE, financiados en gran parte por los Estados occidentales al negarse a llevar a cabo las decisiones que se han tomado conjuntamente.

Andrea Menapace, director ejecutivo de CILD (organización italiana asociada a Liberties) declaró que aplaude el veredicto, pues es un recordatorio tanto para Eslovaquia y Hungría como para todos los países de la UE de que tiene que cumplir urgentemente con sus obligaciones hacia los refugiados y aportar su parte para hacer frente a la crisis actual. Deben tener en cuenta que cuando se niegan a cumplir las obligaciones derivadas del principio fundamental de solidaridad -que está en los cimientos de la UE- están socavando el mismo principio que les ha traído ventajas y prosperidad en las últimas décadas.

A menudo se olvidan del hecho de que ese principio requiere compartir no solo las oportunidades, sino también las responsabilidades de forma igualitaria y justa entre los miembros. La sentencia del tribunal de la UE es sobre todo una necesaria llamada de atención.