Hace más de diez años, dos reclusos fueron brutalmente maltratados en el centro penitenciario de Asti. Cuando su caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el gobierno italiano reaccionó de inmediato ofreciéndose a pagar por lo que había ocurrido.

Fue tortura

Era diciembre de 2004. Dos hombres recluídos en la cárcel de Asti fueron puestos en régimen de aislamiento, se les despojó de su ropa, denegó la comida y el sueño y se les golpeó. El brutal maltrato a manos de la policía penitenciaria duró días.

El caso acabó en los tribunales de forma casi accidental, gracias a una información que se destapó en el curso de otra investigación. Ocho años después de los hechos, sin embargo, el caso fue desestimado por el Tribunal Supremo italiano.

Dada la ausencia del delito específico de tortura en el código penal italiano, los jueces, a pesar de reconocer que el maltrato a los dos hombres constituía tortura, fueron incapaces de condenar a nadie por lo que aconteció.

El caso va a Estrasburgo

Antigone, representado por su abogada Simona Filippi, y Amnistía Internacional Italia, representada por su presidente Antonio Marchesi, unieron sus fuerzas para ayudar a los dos reclusos a preparar y presentar su recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A finales de noviembre de 2015, los jueces de Estrasburgo admitieron el recurso por violación del Artículo 3 de la Convención, y el gobierno italiano, en lugar de esperar al juicio, propuso inmediatamente un acuerdo amistoso para resolver el caso, ofreciendo 45.000 euros a cada uno de los dos hombres.

El presidente de Antigone, Patrizio Gonnella, dijo: "La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es de enorme importancia para el sistema penitenciario italiano y nuestro gobierno, al ofrecer una compensación a los dos hombres, está claramente admitiendo su responsabilidad en los hechos. Como escribieron los jueces de Asti en el jucio de 2012, lo que ocurrió, y quedó totalmente impune, claramente constituyó un acto de tortura".

El presidente de Amnistía, Antonio Marchesi, añadió: "A la luz de estos hechos, pedimos una vez más al gobierno italiano que introduzca de una vez por todas el delito de tortura en el código penal, tal como figura en la Convención de la ONU de 1984 y en la Convención Europea de Derechos Humanos.

Muestra tu apoyo

La obligación de perseguir los delitos de tortura, como establecen las normativas internacionales y la propia Constitución italiana, lleva ya demasiado sin ser cumplida. Esta no es la primera vez que la ausencia de un delito específico en el código haya conllevado la denegación de la justicia (como reconocieron recientemente los jueces de Estrasburgo en el caso Cestaro sobre lo sucedido en la cumbre del G8 en 2001).

Si también piensas que Italia debe abordar de una vez la cuestión de la tortura persiguiéndolo por la vía penal, firma la petición de Antigone que pide que se introduzca el delito de tortura en el código penal.