El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado a Italia culpable de violar el artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos (prohibición de "tratos o penas inhumanas o degradantes") por la extrema violencia policial durante la Cumbre del G8 en Génova en 2001.
El caso, Bartesaghi Gallo y Otros v. Italia, se refería a la paliza y detención de 42 manifestantes dentro de un colegio que estaba siendo utilizado por los activistas de la sociedad civil y otros manifestantes pacíficos como lugar de encuentro y sede para coordinarse. la sentencia del tribunal sostiene que la violencia de los policías equivale a tortura.
Los acontecimientos de ese mes de julio todavía estána flor de piel y representan una marca negra contra la policía, la alcaldía de Génova y el gobierno italiano, que todavía no ha actuado con suficiente contundencia contra los responsables de estos delitos vergonzosos que se desarrollaron durante la cumbre.
Los hechos
La cumbre del G8 se celebró en Genoa del 19 al 21 de julio de 2001, reuniendo a representantes de los ocho países más industrializados. Como respuesta crítica a la cumbre, muchas ONG italianas y extranjeras se reunieron en el denominado "Foro Social de Génova" para protestar colectivamente contra el G8.
Las medidas de seguridad en la ciudad eran extremadamente altas, pues las tanto el gobierno local como el estatal temían que las marchas y protestas pudieran derivar en vandalismo y peleas callejeras, sobre todo por el conocido "black bloc". Este grupo no representaba a ninguna ONG o asociación, eran más bien un grupo de anarquistas y algunos individuos violentos.
Para el 20 de julio, las protestas se habían intensificado, debido a la participación de este grupo, y algunos enfrentamientos graves con la policía derivaron en una situación de caos en algunos barrios de la ciudad.
Al día siguiente, se designó un nuevo mando policial para garantizar el orden público, y este decidió reorganizar las patrullas de la policía con el fin de dar un toque de autoridad y severidad más fuerte.
La policía entró en la Escuela Armando Díaz, que hacía de sede temporal del Foro Social de Génova, donde representantes de las ONG y muchas otras personas habían obtenido permiso del municipio para estar esos días.
La presencia de la policía provocó fuertes reacciones verbales de las personas presentes en los alrededores de la escuela. Como consecuencia, los agentes de policía tomaron la decisión inmediata de acordonar el área para hacer un registro de las instalaciones, aparentemente buscando pruebas de la presencia de manifestantes del black bloc.
Se enviaron unidades de policía antidisturbios para proteger la zona e impedir que nadie escapara. El despliegue total de policía fue de cerca de 500 agentes.
Hacia medianoche entraron en la escuela, amenazando, golpeando y dando porrazos a todas las personas que se encontraron adentro, obviando el hecho de que la mayoría estaban todavía metidos en sacos de dormir o con los brazos arriba mostrando sus documentos de identidad.
Este estallido de violencia causó muchas lesiones graves. Algunas personas también fueron detenidas y llevadas a la comisaría, donde sufrieron más amenazas y humillaciones por parte de los agentes de policía.
El caso de Estrasburgo
El TEDH ya conocía los acontecimientos antes de escuchar el caso Bartesaghi: en 2015, ya había dictaminado que la acción policial contra un manifestante concreto en el G8 de Génova equivalía a tortura.
El tribunal de Estrasburgo reconoció el mismo trato inhumano y la falta de una respuesta adecuada en el caso Bartesaghi Gallo y Otros v. Italia y dictaminó que, una vez más, Italia era culpable de violar el Convenio de Derechos Humanos y debía pagar entre 45.000 y 55.000 euros de indemnización a cada víctima.
A raíz de esta sentencia, Antigone, que lleva mucho tiempo abogando para que se incluya en el código penal italiano una ley contra la tortura, instó al Parlamento a que cree una comisión que investigue los acontecimientos que tivieron lugar durante el G8 de Génova y evalúe las responsabilidades en este episodio de comportamiento escandaloso por parte de las autoridades.
Pero Italia todavía carece de un delito apropiado para su castigo: el proyecto de ley que consagraría el delito de tortura en el derecho italiano está a la espera de la aprobación de la Cámara de Diputados. Como dice el presidente de la Antigone, Patrizio Gonnella:
"El Parlamento ya no puede esperar más, tiene que aprobar una ley adecuada y aplicable, respetuosa de los convenios internacionales. Es preciso introducir cuanto antes los códigos de identificación de los agentes de policía, algo que puede hacerse incluso sin necesidad de la ley".
