Una cuarta parte de los diputados húngaros ha iniciado procedimientos ante el Tribunal Constitucional sobre ambas cuestiones. Sin embargo, no existe un plazo obligatorio para tomar una decisión en ninguno de los dos casos.
Las denuncias presentada por los diputados de la oposición se incluyeron en la agenda en enero de 2018, y a pesar de que el Tribunal comenzó a debatir las cuestiones en ese momento, hasta la fecha no se ha adoptado ninguna decisión.
"El Tribunal Constitucional ha decidido no actuar como tribunal. A pesar de que es responsable de proteger los derechos fundamentales de los solicitantes, se niega a tomar una decisión sobre la Universidad Centroeuropea, cuya existencia está amenazada, o sobre las ONG estigmatizadas por recibir fondos del extranjero, antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europeas dicte una sentencia en un caso que no tiene nada que ver con los procedimientos emprendidos por el Tribunal Constitucional. No existe ninguna justificación para este retraso", declaró Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) sobre la situación.
Junto con otras ONG, HCLU está boicoteando el Código Civil húngaro.
