Los jueces regionales apelan tras la primera prohibición del sinhogarismo

La prohibición general de vivir en lugares públicos fue llevada ante el Tribunal Constitucional tras una enmienda de la Ley Fundamental Húngara en 2018. La Ley de Delitos Menores también fue enmendada en octubre de 2018. Tras la entrada en vigor de la nueva ley, las personas sin hogar desaparecieron de los pasos subterráneos de Budapest, y se iniciaron en todo el país una serie de procedimientos por delitos menores, comenzando por detenciones policiales ejemplarizantes.

Jueces de varias ciudades apelaron al Tribunal Constitucional porque, en su opinión, las normas eran inconstitucionales. El Grupo de Trabajo sobre Delitos Menores también presentó una opinión detallada al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional se pronuncia en contra, pero sin unanimidad

El Tribunal Constitucional afirmó en su sentencia que la criminalización y el encarcelamiento de las personas sin hogar no entra en conflicto con la Ley Fundamental de Hungría, debido a que que la falta de vivienda "no está incluida en el derecho a la dignidad humana". Esto implica que la mayoría de los jueces constitucionales piensan que la pobreza es una opción y un modo de vida, y no un estado de exclusión social total.

La decisión no fue unánime, cinco de los jueces disintieron. Uno de ellos fue Balázs Schanda, que en una opinión aparte, afirmó que "un delito punible es una infracción de la Ley Fundamental si su propósito no es cuidar y abastecer a los necesitados. [...] El problema social de la falta de vivienda no puede ser remediado por el Tribunal Constitucional, pero este tampoco puede olvidar la realidad social en su función de proteger la constitucionalidad".

Los albergues están llenos o en condiciones de hacinamiento debido a que el Estado no actúa

El Tribunal Constitucional conoce las graves deficiencias del sistema de atención social. La Shelter Foundation, con varias décadas de experiencia prestando apoyo a personas sin hogar, proporcionó al Tribunal datos sobre la tasa de ocupación de los albergues nocturnos. En invierno, los refugios suelen estar llenos en un 97% de su capacidad y muchos de los refugios nocturnos están en condiciones de hacinamiento durante los días fríos. Lo que indica que no existen recursos donde las personas sin hogar puedan acudir y evitar ser sancionadas por vivir en la calle.

El Grupo de Trabajo sobre Delitos Menores, integrado por defensores de derechos civiles, ha calificado la decisión mayoritaria del tribunal de inaceptable. Las personas sin hogar están siendo expulsadas de la sociedad debido a la negligecia del Estado.

"Es evidente que el Tribunal no considera la falta de vivienda como una situación de crisis grave, sino más bien como un comportamiento que debe penalizarse. Sostiene que el confinamiento como sanción, solo se emplearía como último recurso, pero las personas sin hogar pueden acabar detenidas después de tres advertencias, que podrían emitirse en cuestión de 10 minutos", señaló Ágnes Kalota, abogada del Grupo de Trabajo sobre Delitos Menores.

El Hungarian Helsinki Committee, la Hungarian Civil Liberties Union y la Street Lawyer Association están trabajando con el Grupo de Trabajo sobre Delitos Menores para tratar de lograr un sistema más justo.