El naufragio

El 6 de noviembre de 2017, al menos 20 personas, incluidos dos niños, perdieron la vida en un naufragio en el Mediterráneo.

Esa mañana, el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Italia (IMRCC) informó a la organización humanitaria Sea-Watch que una lancha estaba teniendo problemas en aguas internacionales. La lancha había salido de Libia unas horas antes y llevaba entre 130 y 150 personas.

Cuando la tripulación de Sea-Watch llegó, la lancha se estaba hundiendo y decenas de migrantes estaban ya en el mar. Sea-Watch comenzó las labores de rescate, pero entonces un barco de la Guardia Costera de Libia, que había llegado también al lugar, ordenó al barco de la ONG que se marchara.

Algunos de los migrantes pudieron alcanzar el barco de Sea-Watch, pero otros fueron arrastrados hasta el barco libio. El gobierno italiano había donado este barco a Libia unos meses antes, de acuerdo con el Memorandum de entendimiento firmado en febrero de 2017.

Al final, Sea-Watch pudo rescatar a 59 personas, pero 47 migrantes fueron deportados a Libia. Allí fueron detenidos y sometidos a graves violaciones de los derechos humanos. Dos personas incluso fueron torturadas y vendidas como esclavos, y sus familiares tuvieron que pagar un rescate para su liberación.

El caso de Estrasburgo

Diecisiete de los supervivientes del naufragio -todos nigerianos, incluidos dos progenitores de niños que murieron en el suceso- presentaron una demanda contra Italia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La demanda acusa al gobierno italiano de haber puesto en peligro sus vidas al responsabilizar a Libia de llevar a cabo las labores de rescate, y de "haberles obligado indirectamente a volver", violando así el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La demanda fue presentada gracias a Global Legal Action Network (Glan) y a la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (Asgi), con el apoyo de la organización sin ánimo de lucro ARCI y de la Lowenstein International Human Rights Clinic de la Universidad de Derecho de Yale.

La demanda ha utilizado pruebas procedentes de Forensic Oceanography, que forma parte de la agencia Forensic Architecture, basada en Goldsmiths, Universidad de Londres, que ha realizado una reconstrucción detallada del suceso.

Los presuntos delitos

Según Loredana Leo, abogada de Asgi, se puede responsabilizar a Italia de violación del derecho a la vida, ya que todas las personas que estaban en el naufragio corrían el riesgo de perder la vida.

Además, Italia violó presuntamente el Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y el trato inhumano o degradante. Esta violación es evidente en el caso de los 47 migrantes que fueron deportados a Libia, porque conlleva también la violación de la prohibición de las expulsiones colectivas.

Leo subraya que los migrantes que fueron embarcados en la nave libia sufrieron violencia física al llegar al país: no resulta creíble que las autoridades italianas no fueran conscientes de que esto podría ocurrir, ya que tanto las noticias internacionales como los informes de Naciones Unidas han llamado la atención sobre la situación en Libia.

Externalización de las violaciones de los derechos humanos

Forensic Oceanography analizó 16 episodios distintos en los que Italia, con la ayuda de la Unión Europea, coordinó y dio instrucciones a la Guardia Costera libia para que interceptara a migrantes y los devolviera a Libia.

Según Charles Heller, cofundador del departamento de Forensic Oceanography, el naufragio del 6 de noviembre es un buen ejemplo de las políticas aplicadas por Italia y la Unión Europea al encomendar a Libia el control fronterizo.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las autoridades libias interceptaron más de 20.000 migrantes en el Mediterráneo en 2017. Estos fueron devueltos a la costa del norte de África y encerrados en centros de detención.

Según los demandantes, Italia es responsable de la devolución indirecta (también conocida como devolución "mediante repersentación"). No solo coordinó las operaciones de la Guardia Costera libia, que devolvió a los migrantes a la costa libia, sino que también proporcionó barcos y formación a la misma.

Violeta Moreno-Lax, de Global Legal Action Network, una organización sin ánimo de lucro que lleva a cabo acciones legales contra Estados y otros poderosos actores involucrados en la violación de los derechos humanos, señaló que Italia, con su ayuda legal y económica, ha ejercido un control eficaz sobre la Guardia Costera libia, lo que le atribuye directamente al gobierno italiano la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo.

En 2012, el tribunal de Estrasburgo condenó a Italia por deportar a un grupo de ciudadanos eritreos y somalís a Libia, donde corrían el riesgo de sufrir un trato inhumano o degradante.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe ahora decidir si se debe admitir la demanda presentada por los supervivientes del naufragio. Giorgia Linardi, la portavoz de Sea-Watch, dijo que independientemente de lo que decida el tribunal, el hecho de presentar la demanda es ya un paso importante.