El juicio, que comenzó en el 2010, se refería a la violación de derechos personales de Sikh, quien, durante un control en el aeropuerto de Varsovia, fue requerido por agentes de la guardia fronteriza para que se quitase el turbante.

Según el Tribunal Supremo, cada viajero debe tener claro que puede ser sometido a un cacheo y un control personal al margen de su religión, nacionalidad u origen étnico. Sin embargo, como subraya el Tribunal Supremo, en una situación semejante, los derechos personales deben ser cedidos ante cuestiones más importantes, como la vida y la salud de los ciudadanos de un país.

En el recurso de casación, los abogados de Shaminder Puri notaron que teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, este caso refleja un problema jurídico importante. Se refiere a la competencia del tribunal civil para revisar la proporcionalidad del poder coercitivo utilizado por funcionarios públicos para con ciudadanos en casos en los cuales el uso de poderes no podrá impugnarse, ni el uso de dichos poderes pueda ser objeto de denuncias ante un tribunal administrativo. "Este enfoque puede resultar en la privación del derecho del demandante al acceso judicial", explicó Karolina Rusiłowicz, abogada de HFHR. "El Tribunal Supremo, sin embargo, no compartió esta opinión", añadió Rusiłowicz.

Shaminder Puri señaló en el juicio que los agentes de la guardia fronteriza actuaron en contra de la ley – de una manera desproporcionada, sin debido respeto a su dignidad, derecho al libre ejercicio de culto ni a la libertad de movimiento. Los oficiales tenían a su disposición métodos menos invasivos para llevar a cabo el control, pero aún sin una necesidad legítima, optaron por el más opresivo. La eliminación del turbante era particularmente desagradable y humillante para el solicitante debido a sus creencias religiosas.

En febrero de 2013 el Tribunal de Apelación de Varsovia desestimó el recurso de Shaminder Puri. A principios de 2011 el Tribunal Regional de Varsovia desestimó la demanda en su totalidad. El fallo del Tribunal indicó que aunque sí existió una violación de los derechos personales del demandante, sin embargo, ésta violación no fue ilegal. Los agentes de la guardia fronteriza, quienes ordenaron que Sikh se quitara el turbante, actuaron dentro de las disposiciones de la ley. Los tribunales consideran la eliminación del turbante como la única forma posible para verificar correctamente si no había ningún objeto prohibido escondido en él.

"En la explicación oral de la sentencia, el Tribunal Supremo no se refiere a la libertad de culto ni al respeto de símbolos religiosos en ninguna instancia. Una vez que sepamos la justificación por escrito de la sentencia, examinaremos la posibilidad de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", dijo el Dr. Adam Bodnar, Vicepresidente de la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos.