El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado que la acción voluntaria ya no será suficiente cuando se trata de eliminar contenido terrorista de la red. En su discurso anual sobre el estado de la Unión anunció una propuesta legislativa que obligaría a las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y Google a eliminar el contenido extremista en el plazo de una hora.

Pese a que la medida puede parecer muy importante para hacer frente a la propaganda extremista, hay una serie de detalles que hacen que este último reglamento sobre terrorismo -el tercero de los últimos 12 meses- sea especialmente preocupante. Incluso la forma en que fue redactado -sin transparencia, ni evaluación de impacto, ni consulta pública- resulta tan alarmante como su contenido.

Una herramienta electoral, no una propuesta legislativa real

La existencia de la propuesta se rumoreaba desde este verano, después de que el Financial Times filtrara un documento relacionado con la misma. Su publicación resulta especialmente oportuna ahora, justo antes de la cumbre prevista por la presidencia austriaca de la UE en Salzburgo el 18 de septiembre, en la que los temas clave del orden del día serán la seguridad interior y la migración.

La Comisión de Juncker pretende aunar las propuestas legislativas de control de fronteras, seguridad y cooperación judicial con una política de migración más sólida y duradera. La propuesta de eliminar el contenido extremista es solo un pequeño elemento de este gran entramado.

Adiós al enfoque voluntario

La Comisión ha decidido abandonar el enfoque voluntario que inició en enero de este año para que las plataformas de internet eliminen los vídeos, mensajes y pistas de audio de contenido terrorista. Poco después de su implementación,añadió unas directrices más estrictas con un período de gracia más corto, de una hora, para la eliminación de contenidos.

La propuesta de la CE esta vez incluye los siguientes puntos:

• El contenido señalado por cuerpos de policía y órganos de seguridad indefinidos debe ser eliminado o desactivado en el plazo de una hora.
• Las autoridades nacionales competentes podrán notificar a dichas empresas los posibles delitos de terrorismo que afecten a las condiciones de servicio de las mismas, y estas deberán decidir si emprenden acciones contra el contenido en cuestión.
• Autorizar la adopción de medidas proactivas indefinidas que pueden traducirse en que una autoridad solicite una obligación general de monitorización.

El último punto resulta especialmente preocupante desde el punto de vista de la libertad de expresión, pues es la primera propuesta que permitiría que los Estados miembros establezcan una excepción explícita al Artículo 15 de la Directiva sobre comercio electrónico, que impide que los gobiernos exijan a las empresas de Internet que controlen activamente lo que se sube y publica en la red.

Las estadísticas también sugieren que el interés de los Estados miembros por las leyes antiterroristas ha disminuido, pues solo algo más de la mitad de los Estados miembros han aplicado en el plazo previsto la Directiva de la UE sobre el registro de nombres de los pasajeros. Una medida promocionada por la UE como elemento fundamental en la lucha contra el terrorismo, Esta directiva se aprobó en abril de 2016 a raíz de los atentados terroristas perpetrados en Francia y Bélgica.

La UE distribuyó 70 millones de euros entre sus Estados miembros para apoyar la creación del sistema de intercambio de información. Los partidarios del mismo afirman que es necesario para identificar patrones de comportamiento sospechosos. Pero los críticos sostienen que la ley antiterrorista socava los derechos fundamentales y no contribuye apenas a que la policía a localice a sospechosos de terrorismo. En Francia, por ejemplo, solo 13 personas han sido interceptadas sobre la base del sistema de intercambio de información.

Un modelo único no sirve

Habida cuenta de las lecciones aprendidas de las anteriores leyes europeas antiterroristas, Liberties piensa que la UE debería abstenerse de aplicar un programa único para el filtrado y la eliminación automatizada de contenido. Especialmente si no se realizan los preparativos adecuados y no se armoniza con la legislación de la UE sobre libertad de expresión y la Carta de los Derechos Fundamentales.

Esta solución se ajusta a la tendencia de filtrado que la Comisión ha venido estableciendo últimamente para otros temas controvertidos, como la incitación al odio en línea, la protección de la infancia en línea, los servicios de medios audiovisuales o la reciente protección de los derechos de autor. Asimismo, Liberties ha instado a la Comisión Europea a que no derive la función de vigilar el cumplimiento de la ley a las grandes empresas de Internet. Estas carecen de los recursos y conocimientos necesarios para definir de forma adecuada el contenido extremista. Y las próximas elecciones europeas no deben utilizarse como excusa para obligarles a que lo intenten.