Treinta y dos organizaciones europeas e internacionales de derechos humanos y de derechos digitales, entre ellas Liberties, enviaron una carta abierta a los ministros de Justicia y Asuntos de Interior antes de que celebren su Consejo los días 6 y 7 de diciembre de 2018. Los signatarios expresan su preocupación por la propuesta de la Comisión Europea de un "Reglamento relativo a la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea". En su forma actual, la propuesta contraviene la Carta de los Derechos Fundamentales y no prevé las medidas empíricas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en el Reglamento.
Ni justificado ni necesario
La carta llama la atención de los responsables de la UE sobre el hecho de que la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo, aprobada en marzo de 2017, ya cubre áreas similares a las de esta última propuesta. Y, puesto que muchos Estados miembros no han implementado la regulación antes mencionada, su efectividad aún no ha sido analizada.
"Sin pruebas que demuestren que las leyes y medidas existentes, y en concreto la Directiva mencionada, son insuficientes para hacer frente a los daños causados por contenido terrorista en línea, el Reglamento propuesto no puede considerarse justificado ni necesario", afirma en la carta.
Asimismo, la carta analiza cómo el reglamento pone en peligro la libertad de expresión y de información en Europa. Para empezar, su definición de "contenido terrorista" es extremadamente imprecisa y amplia, aumentando el riesgo de que se elimine arbitrariamente, entre otras cosas, el contenido en línea compartido o publicado por organizaciones de la sociedad civil o periodistas.
Efecto paralizador
Los expertos han señalado con preocupación las "medidas proactivas" que se les exigen a los servicios de alojamiento en línea, que muy probablemente conducirían a la aplicación de soluciones automatizadas de eliminación de contenido y que amenazan el derecho a la libertad de expresión sin ofrecer ningún mecanismo de recurso.
El reglamento habla de la eliminación instantánea de contenido por "autoridades competentes" indefinidas en el plazo de una hora a partir de su publicación, sin necesidad de autorización previa o supervisión por parte de los tribunales. Esto llevará probablemente a los proveedores de servicios a instaurar medidas drásticas de filtrado para evitar que las "autoridades competentes" les digan que eliminen contenidos determinados.
Es decir, que se eliminará una gran cantidad de contenido legal, especialmente cuando las empresas empiecen a aplicar más libremente los términos de servicio que ya restringen expresiones que pueden ser de mal gusto o impopulares, pero no ilegales. Paradójicamente, este efecto paralizador de la libertad de expresión en la red socavará también la labor de los cuerpos policiales, para quienes las publicaciones con contenido terrorista pueden ser fuentes útiles para sus investigaciones.
