La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) celebró una audiencia el pasado jueves por la mañana sobre el deterioro de los derechos, las normas democráticas y el Estado de derecho en Hungría. La audiencia forma parte de un proceso más largo en el Parlamento para preparar un informe que podría dar pie a que se active por primera vez el artículo 7 del Tratado de la UE. El procedimiento del artículo 7 permite que los gobiernos de la UE tomen medidas contra otro país miembro si su gobierno está cometiendo violación de los valores fundamentales de la UE. Al mismo tiempo, la Comisión Europea anunció que llevará a Hungría a los tribunales por tres casos relacionados con las cuotas de migrantes, la Ley contra las ONG y la Ley de educación superior dirigida a la Universidad Centroeuropea.

"Recientemente se adoptó aquí una decisión que obliga a los Estados miembros a aceptar una cuota obligatoria de migrantes", declaró el ministro de Exteriores húngaro Péter Szijjártó en la reunión de LIBE. Szijjártó se refería a la decisión de la UE que obliga a Hungría a aceptar cerca de 1300 refugiados de un total de 120.000 que deben ser reubicarse entre los 28 países miembros de la UE para aliviar la presión sobre Grecia e Italia. La UE está revisando en estos momentos sus leyes de asilo, pero un comunicado reciente de la CE sugiere que los gobiernos están lejos de llegar a un acuerdo sobre el nuevo sistema de reubicación, ya sea voluntario u obligatorio.

Los húngaros inundados por la propaganda gubernamental

La inexactitud de la declaración del ministro ilustra el nivel de propaganda gubernamental que ha dominado el debate público actual en el país. En la audiencia, Szijjartó expuso orgullosamente el éxito de la última herramienta de comunicación de su gobierno: una "consulta pública" que insinúa que el filántropo George Soros está detrás de una conspiración internacional para destruir la cultura húngara.

Gábor Polyák, analista del Mérték Média Monitor Institute, habló también en la audiencia de LIBE y señaló que las preguntas de la consulta son todas capciosas y que ha ido acompañada por una campaña de odio patrocinada por el gobierno y diseñada para agitar la xenofobia y volver a la sociedad en contra de sus propios defensores de las libertades civiles.

Polyák también destacó que en Hungría la prensa independiente se ha visto reducida a un pequeño grupo de equipos editoriales con pocos recursos, los medios públicos se han convertido en portavoces de propaganda gubernamental y el mercado de medios privados también se ha vuelto mayoritariamente progubernamental, en parte gracias a los ingresos publicitarios que reciben del Estado (vulnerando las normas de competencia de la UE).

La copresidenta del Comité de Helsinki húngaro, Márta Pardavi, invitada también para hablar ante los eurodiputados, habló de los ataques continuos contra las organizaciones de derechos humanos. Una amenaza reciente de un miembro del gobierno húngaro que insinuó que los servicios de inteligencia deberían investigar a los activistas prodemocrácia fue la última de una larga lista de intentos de intimidar y difamar a activistas que trabajan por el interés público y que han sido críticos con las políticas de Fidesz.

La Comisión lleva a Hungría ante los tribunales por varios casos

Aunque el Parlamento Europeo está contemplando la posibilidad de activar el artículo 7 en relación con Hungría, Timmermans, el vicepresidente primero de la Comisión, ha adoptado un tono más moderado. Si bien la opinión predominante es que la situación en Polonia es igual de mala que la de Hungría, la Comisión ha intentado diferenciarlas porque la dinámica de política de partidos solo ha permitido presionar a Polonia bajo su procedimiento de investigación, el "marco de Estado de derecho".

Aún así, el jueves, la Comisión remitió tres casos sobre cuestiones políticamente delicadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Ley anti ONG se remitió al tribunal después de que Hungría hiciera caso omiso de las preocupaciones que expresó la Comisión en dos etapas anteriores del procedimiento: la notificación formal enviada por la Comisión en julio y el dictamen motivado emitido en octubre.

La Comisión ha tomado medidas respecto a la Ley anti ONG pues interfiere con las leyes de la UE sobre la libre circulación de capital, la libertad de asociación y el derecho a la privacidad al dificultar que las organizaciones de derechos humanos reciban donaciones de personas de otros países de la UE.

El segundo caso se refiere a la negativa de Hungría a acoger a solicitantes de asilo dentro del sistema de cuotas de la UE. El Fidesz se ha basado sobre todo en argumentos xenófobos alegando que los refugiados musulmanes no tienen cabida en las sociedades cristianas y constituyen una amenaza para la seguridad. El tercer caso se refiere a los esfuerzos del gobierno para cerrar la Universidad Centroeuropea de Budapest, fundada por George Soros.

De acuerdo con Israel Butler, director de incidencia política de Liberties, "La Comisión y los gobiernos progresistas de la UE no pueden perder más tiempo. Las tendencias autoritarias están creciendo en toda la Unión y para cuando decidan hacer algo para proteger nuestros valores fundamentales, serán demasiado débiles para poder salvarlos y perderemos los logros que habíamos alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial. La UE tiene que emplear todas las herramientas de las que dispone para proteger la democracia, los derechos y el Estado de derecho. No solo medidas de arriba hacia abajo para presionar a los gobiernos que violan los acuerdos, sino también proporcionando apoyo (financiación y protección legal), a las organizaciones de derechos humanos de base.