El informe del Grupo Expertos de Alto Nivel de la Comisión Europea indica que la normativa jurídica no soluciona la cuestión de las noticias falsas. Liberties respalda esa postura porque se corre el riesgo de que nuevas leyes amenacen la libertad de expresión.

No obstante, el informe sugiere que la solución es la autorregulación y códigos de conducta para las empresas digitales. Liberties considera que esos instrumentos no vinculantes son una grave amenaza contra las libertades civiles y la democracia.

Poner a entidades comerciales a cargo de los contenidos digitales y, en particular, de los debates públicos supone un grave riesgo para la libertad de expresión y para la libertad de información. Para que una democracia funcione de forma adecuada, la sociedad precisa de un debate público abierto y candente.

Que sean las empresas las que deciden sobre contenidos no solo es una pesada carga para el sector comercial, sino que también va contra toda transparencia, algo que va no corresponde en absoluto con la manera en la que las democracias deben regular una cuestión tan fundamental como es la libertad de expresión.

De mal en peor

Si la Comisión fomenta la autorregulación, existe un alto riesgo de restricciones desproporcionadas que conlleven una censura. Liberties considera que la Comisión debería promover otros métodos de informar al público sobre noticias fehacientes y veraces que destacan en el informe.

"La desinformación puede distorsionar el debate democrático. Pero dejar que las empresas decidan qué podemos decir o no es ir de mal en peor. Necesitamos empresas de comunicación independientes y cadenas públicas con financiación e independientes que compensen el contenido controvertidos de la desinformación", afirma Eva Simon, encargada de incidencia por la libertad de expresión en Liberties.

Los servicios de noticias independientes existen para garantizar que tenemos libertad de expresión y acceso a la información. Sin embargo, el informe omite cómo preservar dichos derechos fundamentales. Esa profunda laguna se debe a dos motivos. En primer lugar, todos los grupos de derechos humanos que solicitaron formar parte del Grupo de Expertos fueron rechazados. Y, en segundo, el informe es un trabajo apresurado, escrito en menos de ocho semanas. Un tema tan importante requiere de una consulta adecuada y de una base sólida de datos sobre el mercado de los medios y la sociedad.